«En la OEA se ha perpetrado un golpe institucional, se ha desconocido la presidencia de Bolivia» y la vicepresidencia de Haití, aseveró Pary Rodríguez en una entrevista para teleSUR.
Afirmó que la sesión de este lunes, realizada pese a que Bolivia la canceló, «es grave para las relaciones interamericanas, considerando que el presidente legítimo ha sido despojado» y su presidencia fue usurpada. «Ha sido vulnerado en su derecho soberano de asumir la presidencia que por derecho le corresponde», reiteró.
Pary Rodríguez explicó que el presidente del Consejo Permanente de la OEA «solo puede ser reemplazado cuando está ausente o impedido» y ninguna de las dos condiciones aplicó en este caso, puesto que Bolivia estaba presente pero canceló la sesión por ser irregular.
Aclaró, además, que el miembro más antiguo en la OEA es Bolivia y el segundo es Honduras, en referencia al argumento de que la nación centroamericana asumiera la presidencia interina del Consejo Permanente por ser supuestamente el miembro más antiguo.
Indicó que las decisiones tomadas en la sesión de este lunes sobre Venezuela son «totalmente ilegales y arbitrarias y no responden a la normativa y al derecho internacional».
«Seguiremos trabajando por el respeto a la institucionalidad y el derecho de los países miembros», afirmó.
La reunión en vez de ser presidida por Bolivia y Haití, como presidente y vicepresidente del Consejo Permanente, inició con Honduras como «presidente interino», que asumió esta posición bajo el argumento de ser el miembro más antiguo.
La sesión fue repudiada por Bolivia y Venezuela, el país sobre el cual se centraba la reunión. Ambas naciones denunciaron un golpe institucional y se retiraron del recinto.
Un grupo de países continuó la sesión y aprobó una declaración sobre una «grave alteración inconstitucional del orden democrático» en Venezuela. Esta fue apoyada por 17 países y rechazada por cuatro (República Dominicana, Bahamas, Belice y El Salvador). El texto fue presentado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, EE.UU., Jamaica, México, Panamá, Paraguay y Perú.
El documento busca abrir la puerta para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, lo que ha sido denunciado por ese país como un intento de avalar una intervención extranjera y derrocar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro.
