La obligación de salir de los lugares con ese tipo de uso de suelo se aprobó en julio de 2016. Para eso, en la Ordenanza 127 se estableció una transitoria que otorgaba, por un año, el plazo para moverse a zonas de uso de suelo industrial. Sin embargo, tanto dueños de locales como trabajadoras sexuales abogan por una prórroga o por la posibilidad de mantenerse en los lugares en los que han funcionado, tomando las medidas de seguridad necesarias establecidas por el Municipio.
Darwin Soto es administrador del local que se ubica en la Holguín y Amazonas. Para él, no hay posibilidad de traslado. Sabe que en Quito hay solo tres lugares con tipo de uso industrial: Parque Industrial de Turubamba (sur), Calacalí (norte) y el Arco Industrial (oriente). “En los espacios destinados no hay espacios para todos los locales que deben trasladarse”, dice Soto.
Al no lograr una prórroga o algún tipo de acuerdo con el Municipio, el plazo vencido impone, según Sergio Garnica, presidente de la Comisión de Uso de Suelo del Concejo, el inicio de operativos de cierre por parte de la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Dichos operativos, a decir de esa entidad municipal, iniciaron el 26 de julio.
Desde esa fecha se realizaron dos operativos que incluyeron las zonas de La Mariscal, el sur y el valle de Los Chillos. En total se cerraron un local ubicado en la Teniente Hugo Ortiz, otro en la Mariscal Sucre y Río Grande y un tercero en el redondel de la Villa Flora. En el segundo operativo se clausuraron cuatro centros de tolerancia y se emitieron dos autos de inicio, es decir, se otorga un plazo de 30 días para la presentación de la licencia que habilite su funcionamiento.
Según Johanna Aguirre, directora de la AMC, el trabajo de esta entidad se concentra en la revisión de la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) que es emitida teniendo en cuenta el tipo de negocio y uso de suelo en donde funcionará. Aguirre señala que, tras el pedido a la Secretaría de Territorio, Hábitat y Vivienda, tiene el dato de 26 locales cuyo funcionamiento no está acorde con el tipo de uso de suelo.
Esa Secretaría del Cabildo realizó un informe, a pedido de la Comisión de Uso de Suelo, sobre la situación de los burdeles, en el que se incluye un análisis de dos opciones: prorrogar el plazo o mantenerse en el proceso de traslado.
Sin embargo, Edy Sánchez, concejal miembro de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, solicitó ese documento. En él se explica que son 59 los locales que están en zonas no permitidas, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, lo cual difiere con la cifra que maneja la AMC, es decir, en total 26.
Sánchez, como parte de la Comisión de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ha seguido el tema de cerca. Él dice que, hasta el momento, ha enviado siete oficios a la AMC para conocer sobre los avances en el control de estos negocios, una vez que terminó el plazo. “No hay más opciones que la salida de estos negocios. Si no, ¿para qué se aprobó la transitoria en la ordenanza?”, dice Sánchez.
