Según el Servicio de Rentas Internas (SRI), este régimen simplifica el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los microempresarios respecto al Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE). Adicionalmente, se elimina la obligación de ser agentes de retención, excepto en los casos previstos en la normativa tributaria vigente.
El cobro de este impuesto está contemplado en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, publicada en el Registro Oficial el 31 de diciembre del 2019.
Sin embargo, Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, tiene sus reparos sobre este nuevo régimen.
«Lo que en un inicio buscaba la simplificación, terminó convirtiéndose en una herramienta de recaudación que está poniendo en riesgo la supervivencia de estos emprendimientos», sostuvo el dirigente, quien agregó que ni la creación del Régimen Impositivo para Microempresas ni las obligaciones que conlleva fueron comunicadas con claridad a los contribuyentes a los que afecta.
Agregó que para efectuar el cobro del impuesto el SRI creó un catastro de microempresas en el que incluyó, sin debida notificación previa, a más de 1 millón de pequeños negocios.
«En el catastro existen inclusive personas naturales. Quienes no lograron solicitar hasta 20 días después de la publicación del catastro su exclusión del régimen, deben esperar hasta la próxima actualización que se realiza en septiembre de 2021. Es decir, quedaron atrapados por un año», lamentó González, quien sin embargo, reconoció que pagar el 2% de las ventas puede ser una ayuda para el microempresario en épocas de alta actividad económica, pero no lo es en tiempos de recesión, pues aseguró que muy pocas empresas lograron utilidades en el 2020 a pesar de que lograron vender algo.
«Un impuesto sobre las ventas implica tributar sobre dinero que no se ha generado. No se contempló este escenario en la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria», sentenció el presidente de la CCG, quien en conjunto con la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador propusieron a Moreno:
1. Actualizar el catastro de manera urgente de tal forma que no afecte a quienes no cumplen realmente con los parámetros para ser parte de él.
2. Enviar un proyecto de Ley con carácter de urgencia para que se reforme la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. La modificación debe establecer una excepción al pago del impuesto del 2% sobre las ventas en caso de que la microempresa registre pérdidas en el periodo fiscal.
3. En dicha reforma legal, permitir que la migración entre el régimen tributario usual y el régimen de microempresas sea voluntario.
Nota Original: El Universo – LINK
