Según Humberto Piaguaje, presidente de la Unión de Afectados por Chevron-Texaco, decidieron quitar el embargo de 96 millones de dólares que permanecía en la Corte de la provincia de Sucumbíos, porque consideran que podría ser utilizada como una herramienta de “chantaje” contra el Gobierno.
El argumento es que la petrolera estadounidense “pueda utilizar esta deuda como un mecanismo para obligar al Ecuador a someterse a sus intereses”, así lo explicó en una rueda de prensa desarrollada en la capital ecuatoriana.
“Aunque el embargo estaba reconocido por la justicia del país, esta acción no iba a ser acogida por los Estados Unidos por tal razón el estado no podía pagar ni a Chevron ni a los afectados, eso creaba una situación a favor de Chevron que usaba la deuda como mecanismo de presión en el ámbito financiero internacional con el propósito de obligar a Ecuador a negociar una salida que no solo perdonaba esa deuda”, precisó Piaguaje.
A decir de Donald Moncayo, uno de los perjudicados, una de las ventajas que tiene la comunidad amazónica en esta lucha es “la unidad entre colonos e indígenas”, por lo que destacó que mientras permanezcan así “ninguna autoridad podría negociar en lugar de nosotros frente a Chevron”.
Previo al pedido de suspensión del embargo, dijo Moncayo, se realizó un análisis técnico de la situación en la que se encuentra el juicio que los amazónicos iniciaron en contra de la petrolera por los daños que ocasionó mientras trabajaba en la selva ecuatoriana.
“Nosotros nos enteramos de que Chevron estaba desarrollando una estrategia para que no le presten dinero al Estado ecuatoriano y en esta lucha es que nos hemos solidarizado y hemos autorizado para que el gobierno pueda pagar y así no suframos un golpe”, expresó Moncayo.
Además confirmó que las acciones en contra de la petrolera siguen en las corte de países como Canadá, Brasil y Argentina. “Lo que ellos estaban utilizando el dinero que había aquí en Ecuador para echar abajo todo, por eso nosotros permitimos que el Ecuador pague los 96 millones pero nosotros vamos a cobrarles los 9.500 millones que nos deben”, manifestó Moncayo.
Según explicó el abogado de la defensa, Pablo Fajardo, el próximo 12 de agosto está prevista una audiencia en Canadá, en donde existe una inversión de más de 15 billones de dólares por lo que si se logra homologar esa sentencia se “podría cobrar completa en ese país”.
