En el comunicado la entidad señala que el 28 de diciembre de 2016, el Gobierno del Ecuador recibió una comunicación conjunta por parte de algunos Portadores de Mandato de los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas, el cual “contiene aseveraciones tendenciosas y afirmaciones que tergiversan la situación en la provincia de Morona Santiago”. Adicionalmente, requiere información al Estado ecuatoriano, en un plazo de 60 días, para recabar elementos adicionales que permitan formar una opinión objetiva e imparcial.
Sin embargo, dos días después, el 30 de diciembre de 2016 los citados Portadores de Mandato “publican un comunicado en flagrante violación a las normas establecidas y al plazo otorgado al Estado ecuatoriano”.
Este contexto el documento señala. “El Gobierno Nacional rechaza categóricamente el accionar de los Relatores Especiales, quienes una vez más, actúan en contravención del Código de Conducta de los Portadores de Mandatos, aprobado por el Consejo de Derechos Humanos en 2007 y el Manual de Operaciones de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de 2008, al publicar información que no ha sido contrastada, inobservando los principios de imparcialidad y objetividad. Dentro de este contexto, los Relatores están violentando los artículos 6, literales a) y b), 7, 8, 9 y 12 del Código de Conducta para los Titulares de Mandatos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
De la misma forma, el Estado ecuatoriano rechaza el uso tendencioso del lenguaje para referirse a la situación administrativa de la Corporación Acción Ecológica y la manipulación de la información para afectar políticamente al Gobierno Nacional.
Resulta inaceptable aseverar que ‘el Gobierno de Ecuador está disolviendo sistemáticamente las organizaciones’, señalar que se desarrolla una ‘estrategia de asfixiar a la sociedad civil’ y calificar la legislación ecuatoriana vigente como restrictiva. Estas expresiones exceden ampliamente las facultades establecidas por el Código de Conducta y deslegitiman a los Portadores de Mandato y afectan gravemente la real protección y promoción de los Derechos Humanos. Es importante destacar que existen más de 70.000 organizaciones sociales en el país, que son testimonio de una ciudadanía activa, participativa y organizada”.
La Secretaria de Estado concluye indicando “que el Estado ecuatoriano cumple cabalmente con los compromisos adquiridos en Derechos Humanos y en ese marco remite información cuando esta ha sido solicitada en los términos y plazos determinados para el efecto”.
Exhortó a los Portadores de Mandato de los Procedimientos Especiales de Naciones Unidas a cumplir, estrictamente, lo dispuesto en el Código de Conducta, especialmente, en lo que se refiere a la necesidad de contrastar la información y basar sus conclusiones y recomendaciones en evaluaciones objetivas, coherentes con su mandato y necesarias para promover un diálogo constructivo.
