Por la difusión pública de una orden de detención con fines investigativos contra el exsecretario del Agua, Walter Solís, el fiscal general Carlos Baca dispuso el inicio de una “investigación penal” para establecer de dónde se filtró esa información y los responsables.
“Cuando se hace un pedido de una orden de detención para investigaciones, que no es una orden de prisión, (…), y esa orden se hace pública por los medios de comunicación se pierde el efecto jurídico que tiene la orden, por una parte, y afecta a la honra de una persona que potencialmente no puede tener ninguna responsabilidad”.
El fiscal aclaró que no existe ningún pedido de formulación de cargos contra el exministro ni tampoco la orden de detención está relacionada con el caso Odebrecht. Y pidió a los medios que documentos que tengan que ver con indagaciones reservadas o investigaciones previas no pueden revelarse.
