El funcionario cumplió con este trámite este jueves, 11 de enero de 2018, justo en el último día del plazo. Ahora, los abogados de la CGE deberán analizar la información proporcionada por el funcionario. Si esta demuestra que no hubo un perjuicio al Estado, la sanción se desvanecerá.
Caso contrario, esta será ratificada. El equipo de la Contraloría no tiene un plazo legal para cumplir con este trámite. Ochoa cumplió con la presentación de sus descargos en el tiempo establecido, pese a que el 8 de enero solicitó que la justicia ordinaria emita medidas cautelares para que este plazo se detenga.
Esto porque él pidió una información a la Contraloría. Y aunque hubo una respuesta de la entidad, él sostenía que no fue respondida la petición. Las medidas fueron negadas. La resolución de la Contraloría fue notificada a Ochoa el 11 de diciembre del 2017.
Fue el resultado del informe DAAC-0065-2017 a la administración y a los contratos y convenios relacionados con los derechos de transmisión y retransmisión de los partidos de fútbol de Gama TV. Según el examen, Ochoa utilizó fondos de Gama TV, medio incautado por el Estado desde el 2008, para adquirir un vehículo para su uso particular.
Además, cobró valores por concepto de bonos y beneficios sin sustento legal. Dos glosas por USD 115 811 y la sanción administrativa de destitución y multa de USD 7 320 fue predeterminada por la Contraloría en contra del funcionario. Si es ratificada la sanción de destitución, se aplicará -según la normativa vigente- al cargo que actualmente ocupa Ochoa en la Supercom, donde ha sido superintendente desde el 8 de octubre del 2013.
Aunque todavía podría pedir un recurso de revisión. La Supercom confirmó a este Diario que se solicitó una información a la Contraloría para ejercer el derecho a la defensa y esta no fue entregada. Por lo que la entidad planteó una acción de acceso a la información pública y solicitó medidas cautelares. Y que ambas peticiones fueron negadas. “Sin embargo, respetuosos de las decisiones de los jueces, proseguiremos con las herramientas que la ley otorga”, indicó la entidad.
Fuente: El Comercio
