Aunque ya tiene una sentencia condenatoria de cinco años de prisión por el delito de cohecho y es investigado en tres tipos de delitos más que se habrían cometido en Petroecuador: enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de activos, hoy se sentará por primera vez ante un juez y un fiscal para enfrentar los cargos que se le imputan, en este caso por peculado.
En la audiencia el fiscal Hugo Pérez Noboa deberá sustentar su dictamen acusatorio contra Carlos P.Y., Germán T., Álex B. y Jorge V., este último propietario de una empresa contratista, exfuncionarios de Petroecuador.
Una vez que sea expuesto el dictamen, será responsabilidad del juez de la Unidad Penal de Pichincha, Giovanny Freire Coloma, analizar los elementos de convicción presentados por la Fiscalía y decidir si llama o no a juicio a los procesados.
Esta causa penal tiene como sustento legal un informe de la Contraloría General del Estado con indicios de responsabilidad penal, sobre el proceso precontractual y contractual del contrato de servicios de recuperación de condensados en la Refinería de Esmeraldas, con la empresa Jorge Vivar Servicios de Ingeniería Mecánica, bajo la modalidad de giro específico de negocios, firmado el 1 de abril de 2015.
El 25 del mismo mes y año, se designó a la Worley Parsons como fiscalizadora del proyecto. Para este tema se fijó en $23’390.640 el presupuesto referencial, pero terminó contratándose por $ 27’115.344, lo que significa un incremento aún no justificado de $3’725.294.
Según el informe, la empresa Jorge Vivar no cumplió con el cronograma valorado de la oferta, observándose esta irregularidad desde la planilla uno, de abril de 2015, hasta la ocho, de diciembre del mismo año.
En este caso, la Fiscalía se abstuvo de acusar a los procesados Carlos Quinde Alejandro, José Castillo Mina y Héctor Robalino Espín, exfuncionarios de Petroecuador; y, Raymond Falcón Jr., ciudadano estadounidense y representante de la fiscalizadora Worley Parsons. Como el delito que se pesquisa es sancionado con una pena máxima de 13 años de prisión y Petroecuador no legalizó la acusación particular para los cuatro procesados, el juez de la causa no envió en consulta al superior el dictamen fiscal no acusatorio y, en su lugar, dictó el respectivo sobreseimiento de los procesados.
Colaboración eficaz a la espera La comparecencia de Carlos P.Y. se realizará, sin que hasta el momento el fiscal general del Estado, Carlos Baca, haya resuelto acoger o no el pedido de colaboración eficaz con la justicia, solicitada por el exministro y su abogado defensor, lo que le permitiría reducir la sentencia hasta el 80%.
Como antecedente, la semana pasada, Carlos P.Y. se acogió al derecho del silencio durante su comparecencia a la Fiscalía, para rendir su versión libre y voluntaria sobre la indagación previa que se realiza por el presunto delito de lavado de activos en el caso Petroecuador.
Esta semana se espera una respuesta al pedido de cooperación eficaz, anunció el abogado de Carlos P.Y., Reinaldo Zambrano, quien aseguró que una cosa es la delación y otra defenderse, con lo que no se descarta que hoy hable.
