Según la Fiscalía, la indagación previa se dio a base de informes de la Comisión de Justicia de la Asamblea y un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría. Ambos documentos hablan de inconsistencias en las declaraciones juramentadas de bienes que Carlos Pareja hizo mientras estuvo en distintos cargos públicos (Petroecuador y Miniserio de Hidrocarburos, entre el 28 de febrero del 2014 y el 11 de mayo del 2016).
Cuentas corrientes, inversiones y otros documentos son los que aparentemente no habría declarado Pareja y por los que se presumiría, desde la Fiscalía, la existencia de enriquecimiento ilícito.
Este nuevo juicio se suma al ya existente por el delito de cohecho contra el procesado y otros 17 extrabajadores y contratistas de Petroecuador. En ambos casos la justicia investiga la presunta existencia de actos de corrupción en el manejo y entrega de contratos al interior de la estatal petrolera.
Según Fiscalía, las declaraciones en las que el procesado no habría registrado ciertos bienes son las presentadas el 28 de octubre, el 12 y el 13 de noviembre de 2015 y el 5 de mayo de 2016. Un informe de la Comisión de Justicia de la Asamblea y otro informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría están entre los elementos base para presumir la existencia de un delito de acción pública.
Entre lo no declarado constarían: dos cuentas corrientes, una de ellas en el Capital Bank de Panamá con un saldo de $174.267, una cuenta de ahorros, tres tarjetas de crédito y dos inversiones bancarias por más de $261.000. En todas ellas, el Fiscal General del Estado, Galo Chiriboga, señaló que no se conoce el origen de los fondos, así como tampoco se conoce el origen de los fondos con los que se adquirió Capaya S. A., empresa cuyas cuentas en Panamá tenían como beneficiario a Carlos Pareja Yanuzzelli.
Otros de los documentos analizados son: una escritura pública de donación entregada por Matilde A., esposa de Carlos Pareja Yannuzzelli, de la compañía Geopransa S. A. a sus hijos mayores de edad por $370.540, una escritura pública de cesión de derechos de la compañía Geopransa S.A. de Carlos Pareja Yannuzzelli y Matilde A. a su hijos y una compra venta de un solar en Samborondón (Guayas9 que hace la compañía Castellago S. A. a favor de Geopransa por $221.247.
Xavier Cazar, abogado del procesado, criticó el que la jueza Sánchez haya negado el que su cliente pueda participar en la audiencia mediante una declaración vía Skype. Carlos Pareja Yannuzzelli hizo la solicitud por escrito a través de su defensor.
Para Cazar lo único que quería decir su cliente era que rechazaba la persecución de sus familiares, que comparecerá en todos los procesos, que no descarta venir al país para hacerlo personalmente, y que se acogerá ante la Fiscalía a la colaboración eficaz en todo aquello que se está investigando.
Ante la consulta de la jueza de que si Cazar conocía del paradero de su cliente, él respondió que no lo sabía.
El fiscal Chiriboga explicó que la colaboración eficaz parte de que el procesado debe aceptar la existencia de la infracción y debe estar en el país. Además, aclaró que la Fiscalía no aceptará información que ya conoce, sino que la información que entregue debe aportar más allá de lo que hasta ahora está en conocimiento de la autoridad.
«El procedimiento abreviado en este delito (enriquecimiento ilícito) tiene una pena de 7 a 10 años y por lo tanto en esos rangos tenemos que movernos», apuntó Chiriboga.
Un total de 90 días durará la instrucción fiscal contra Carlos Pareja Yannuzzelli en la Corte Nacional de Justicia, entidad que revisa el caso debido al fuero de corte que el procesado mantiene por haber sido Ministro de Hidrocarburos.
