A criterio del mandatario, debían haberlo hecho en agosto de 2012, cuando su gobierno les ofreció facilidades para esto, luego de dar asilo al programador desde el 19 de junio de aquel año en la embajada ecuatoriana en Londres.
Correa comentó en un encuentro con los medios de prensa extranjeros acreditados en Ecuador que desde entonces la sede diplomática ha tenido que asumir costos en materia de seguridad, entre varios otros.
Mientras el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ricardo Patiño, advirtió en la misma cita que por el tiempo transcurrido se incumplió con un principio jurídico internacional aplicable tanto en Suecia como en Ecuador y se denomina tutela judicial efectiva.
Patiño subrayó que solo cuando estaban por prescribir tres de los supuestos delitos de los que se le acusan a Assange, la justicia sueca mandó una carta a la embajada ecuatoriana pidiendo le abrieran la puerta para tomarle declaración y Ecuador, con todo derecho, exigió pleno respeto a su legislación.
El ministro reafirmó que su país no se opone a un interrogatorio pero este debe ser bajo la jurisdicción ecuatoriana y para ello los dos países debían primero suscribir un acuerdo de asistencia legal internacional en materia penal.
Pese a que esa clase de acuerdos tardan años, en muy pocos meses lo hicieron, pues se firmó el pasado 11 de diciembre.
Después, la justicia sueca mandó la propuesta de preguntas, pero la Fiscalía ecuatoriana recibió el mismo texto que le habían enviado en junio de 2015, cuando pidieron interrogar a Assange por primera vez y, como algunas cosas ya no eran útiles, las tacharon y mandaron un texto con tachaduras, explicó Patiño.
Una verdadera falta de respeto a la justicia ecuatoriana, aseveró y respaldó la decisión del fiscal de solicitar que hagan el documento como debe ser, con seriedad.
Con mucho gusto, la Fiscalía ecuatoriana que es a la que le corresponde tomarle declaraciones a Assange en nombre de su homóloga sueca lo hará, manifestó el canciller.
