La fiscal provincial de Pichincha expuso las circunstancias en las que se habría negociado alrededor de 1.309 pases entre octubre de 2014 y julio del 2015. El expediente del caso consta de 278 cuerpos (100 fojas en cada uno).
El pasado martes, emitió su dictamen y solicitó que se llame a juicio a 18 procesados. El proceso trata de determinar cuáles son los responsables de la conformación de una estructura delictiva dedicada a emitir, de manera irregular, estos traslados en las diferentes unidades especializadas de la Policía Nacional.
De acuerdo a la investigación, el excomandante General de la Policía Fausto T., y el teniente de policía, Alexis C., serían los mandos de la organización delictiva, cuya estructura estaba conformada por reclutadores, es decir, los que buscaban funcionarios policiales para vender los pases.
En el cuarto día de la diligencia, la defensa de los procesados expusieron las causas por las cuales no se debería emitir un dictamen en su contra. Uno de ellos fue el abogado José Moreno. En su alegato, el defensor señaló que Fiscalía no sustentó suficientemente la acusación, ya que se levantaron cargos bajo la figura de delincuencia organizada, tipificada en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Esta se refiere al acto en el que una persona que -mediante acuerdo o concertación- forme un grupo estructurado de 2 o más personas que financien, ejerzan o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos. El abogado indicó que no se comprobó que hubo el consentimiento de los involucrados.
Moreno añadió que la Fiscalía nunca explicó en qué consistió el beneficio de cada uno de los agentes por la adulteración de los pases. Añadió que no se ha demostrado que todos los pases que fueron firmados por Aldrín T., exjefe de la Unidad de Pases, necesariamente tuvieron un origen ilícito. «No hay constancia procesal de que los pases son ilegales», dijo.
Hasta el mediodía, continuaban las ponencias de los abogados.
