Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Nicole Bonifaz no podrán salir del país por orden judicial, tras su vinculación al caso Ligados. La trama, que investiga una presunta estructura de asociación ilícita, se inició luego de los implicados, cercanos al correísmo, ratificaron la designación de Raúl González como superintendente de Bancos en enero de 2025, desconociendo el nombramiento de Roberto Romero Von Buchwald. Los implicados también deberán presentarse periódicamente mientras dura la investigación.
’Mónica’, ‘ají con mote’ y ‘Minerva’, los pseudónimos secretos
El contenido del celular de Sócrates Augusto Verduga es, según la Fiscalía, información relevante en el curso de la investigación. Allí, se recabaron conversaciones entre el exconsejero, quien llevaba el pseudónimo de “Mónica”, y el expresidente Rafael Correa, que respondía al sobrenombre de “Ají con mote”.
En los chats revelados por la Fiscalía, Verduga le comunicó al exmandatario su preocupación en torno a las conversaciones mantenidas con Jorge Glas, previo a su detención en la Embajada de México en Ecuador. De acuerdo con los elementos recabados, Verduga habría conversado con Glas acerca de “temas delicados”, entre ellos, el concurso del Consejo de la Judicatura y para Defensor Público.
“Días antes del secuestro de Jorge, yo reseteé mi celular (…) Me dijo Sonia que Jorge sí tenía la buena costumbre de borrar sus chats. De todas formas, me quedo preocupado”, le dijo Verduga a Rafael Correa.
Otro de los chats de Augusto Verduga publicados por la Fiscalía revelaron la intención de la ‘Liga Azul’ por ubicar a Raúl González en la Superintendencia de Bancos. En una conversación entre Verduga y un usuario de nombre “AA”, se refirieron a la importancia de evitar que la Asamblea Nacional posesione a Roberto Romero, quien era únicamente el titular designado de la Superintendencia. En los elementos recabados Verduga manifestó: “Sin la súper de Bancos, Luisa gana y se seguirá lavando dinero en el sistema financiero, dinero del narco”.
Allanamientos avisados
Los allanamientos a las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también fueron alertados en las conversaciones filtradas por la Fiscalía. En un grupo denominado “Rutinas Crossfit”, Yadira Saltos quien usaba el pseudónimo de “Minerva”, advirtió de las actuaciones de las autoridades poco después del escándalo generado por la restitución en el cargo de Raúl González en la Superintendencia de Bancos.
“Mi asesora va a botar todo por atrás de la ventana, ojalá lo logre”, dijo Saltos, a lo que el expresidente Rafael Correa, quien también estaba en el grupo, le preguntó sobre los motivos del allanamiento y la instó a “denunciarlo”. “Me dijeron que eran a nuestras casas, no pensé que al Consejo”, le respondió Saltos a Correa.
“Contaminación” y “espíritu de cuerpo”
De acuerdo con la excandidata al CPCCS, Pamela Troya, este nuevo golpe a la ‘Liga Azul’ le “dio la razón” a los impugnantes y denunciantes de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. Recordó que el primer traspié que enfrentaron los exconsejeros del Consejo fue su destitución al ser hallados culpables de proselitismo político para llegar a la institución de la mano del correísmo. Algo que, según dijo, se ha demostrado con los chats revelados por la Fiscalía.
Desde la sentencia del TCE hasta la investigación del caso Ligados, Troya consideró que ambas causas corroboran el verdadero objetivo de la ‘Liga Azul’: poner autoridades afines a la Revolución Ciudadana, a través de injerencias en el resultado de concursos de selección.
“Es la punta del iceberg, hay que jalar un poco el hilo y se desarrollará toda la complicidad que se genera en torno a la designación de autoridades”, dijo.
Un criterio similar compartió el politólogo, César Ulloa, quien consideró que la investigación por presunta asociación ilícita en el caso Ligados evidencia intereses partidistas para hacer del Estado un negocio con el objetivo de mantener un botín con beneficios particulares para una organización política.
Precisó que, si bien existe una red organizada develada por la Fiscalía, no podría hablarse de una lealtad por parte de sus miembros, sino una manera de encubrir la “contaminación” en hechos de corrupción.
“Si todos están contaminados, tiene que haber un espíritu de cuerpo. Hay un espíritu de cuerpo que busca impunidad para que no salpique el pus que cada uno tiene”, enfatizó.
Replantearse las funciones del CPCCS
Para Pamela Troya, más allá de los chats evidenciados por la Fiscalía, el debate ciudadano debería ir en torno a replantearse las funciones que tiene el Consejo de Participación. Agregó que, eliminar la facultad de designación de autoridades, quitará “la joya de la corona” a la institución que está en la mira de organizaciones políticas para posicionar personas cercanas a sus intereses.
En su lugar, propuso que esta función sea ejercida por la Asamblea para, según dijo, que la “repartición” de cargos –en caso de darse- sea de manera pública y mediante el escrutinio ciudadano; sin intereses maquillados. No obstante, César Ulloa insistió en que desde su origen, el CPCCS ha tenido una “trayectoria tramposa” a lo largo de los años, y no ha cumplido con su cometido de ser apartidista para conseguir autoridades probas.
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