Más Allá de los Hechos

El analista político, Jorge Ortiz, manifestó que “lo que está en juego” en las próximas elecciones de febrero 2021 “es mucho” y resaltó que el próximo objetivo electoral es que la gente concentre su voto en los partidos grandes para otorgar mayor gobernabilidad al siguiente presidente.

Hernán Pérez Loose, abogado constitucionalista, manifestó que la creación del Tribunal de Cuentas como entidad que remplazaría a la Contraloría General del Estado tiene como propósito la fiscalización de recursos públicos y no necesita una reforma a la Constitución para implantarlo.

Héctor Muñoz, asambleísta y miembro de la Comisión de Justicia, cuestionó el planteamiento del contralor Pablo Celi, de reemplazar la Contraloría General del Estado por un Tribunal de Cuentas en la fiscalización de recursos públicos por “problemas de inconstitucionalidad”.

Wilson Vallejo, exsubcontralor del Estado, manifestó que el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas está “bien planteado” y explicó que el cambio transforma la primera autoridad de la Contraloría General del Estado para que sea colegiada y no unipersonal. Aseguró que la Asamblea debe analizar la propuesta porque es conveniente y reforzaría los controles públicos.

Ismael Quintana, abogado constitucionalista, manifestó que en Ecuador existen “políticos con corona” que se saltan “olímpicamente” la regla de la Democracia Interna e incumplen con la Ley. Agregó que el Consejo Nacional Electoral actúa con “desigualdad y arbitrariedad” porque no a todas las organizaciones políticas les exige cumplir con los mismos requisitos.

El consejero electoral, Luis Verdesoto, indicó que “hay que evitar el doble rasero con que a veces funciona el Consejo Nacional Electoral” y explicó que “a ratos se trabaja con un criterio absolutamente positivista de la Ley”; mientras que en otros ocurre “absolutamente lo contrario y se invoca el principio de participación como una forma de soslayar a la normativa y saltarse el espíritu que debe regir en una elección”.

Fausto Camacho, exconsejero del CNE, manifestó que la norma constitucional expresa que en el proceso electoral no pueden utilizarse recursos privados para medios de comunicación y vallas publicitarias. En este sentido las redes sociales no entrarían en el listado.

Napoleón Santamaría, abogado tributario, aseguró que si el Ecuador no hubiera obtenido un crédito de salvataje como el del Fondo Monetario Internacional (FMI), la cesación de pagos del sector público sería un “serio problema”, porque el Estado adeuda liquidez a la devolución de impuestos a personas de la tercera edad, GADs, proveedores y salarios.

Walter Spurrier, analista económico, manifestó que, el próximo gobierno del Ecuador en lugar de subir impuestos, debe reducir las cláusulas que permiten escapar del pago de tributos para que, sin excepción, los ciudadanos abonen a las tasas de aranceles que están vigentes. Esto, con el objetivo de lograr un superávit que es indispensable para cumplir con el endeudamiento.

Carlos de la Torre, exministro de Economía y Finanzas, manifestó que, pese a que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tiene condiciones “ventajosas” para el Ecuador, este tiene “un costo enorme” en otros espacios de la economía.