“Exigir pasaporte a personas venezolanas que no poseen medios para obtenerlo, entre otros motivos, debido a la aguda crisis económica que sufren, significa en la práctica levantar un muro con sesgo xenofóbico por su dedicatoria discriminatoria por motivo de nacionalidad y agudiza su vulnerabilidad”.
El CDH afirmó que la decisión violentaría expresas normas constitucionales, la Ley Orgánica de Movilidad Humana (LOMH) y la normativa migratoria de la Comunidad Andina que nuestro país está obligado legalmente a observar.
La medida migratoria está vigente desde las 00:00 del pasado 18 de agosto, día en que disminuyó la afluencia de los foráneos por el puente de Rumichaca.
