De acuerdo con el informe del Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2016, publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Ecuador es uno de los países de América Latina que consolidó significativamente sus finanzas públicas en los últimos años.

El informe detalla que entre 2000 y 2014, la deuda pública se redujo de 76,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) a 29,9, con un mínimo de 16,4 puntos en 2009. Además resalta el  énfasis en la inversión pública ha permitido ejecutar proyectos con tasas de retorno cercanas al 40%.

Puntualiza que los gastos de capital del sector público no financiero alcanzaron un 15,1% del PIB en 2014, partiendo de menos de 4 puntos en el año 2000. Según la regla fiscal vigente, los gastos de capital se financian con recursos no permanentes, por lo que el alza de los ingresos petroleros permitió un gran aumento de la inversión.

En el informe de 90 páginas se destaca que mantener un gasto significativo de inversión pública sin abandonar la prioridad de control de la deuda pública, un rompecabezas habitual para la región, ha sido un objetivo prioritario del Gobierno, con la promulgación del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en octubre de 2010 y la aplicación de la regla fiscal, que distingue ingresos y gastos permanentes y no permanentes. Esta regla estipula que “para garantizar la conducción de las finanzas públicas de manera sostenible, responsable, transparente y procurar la estabilidad económica; los egresos permanentes se financiarán única y exclusivamente con ingresos permanentes”.

Ante la disminución de los ingresos no permanentes (producto de los factores externos como la caída del precio del petróleo), se planea una desaceleración de la velocidad en el gasto de capital, coherente con la finalización de grandes proyectos en marcha. La maduración de esos grandes proyectos, tales como las hidroeléctricas (transformación de la matriz energética) los permitirá obtener ahorros significativos en la importación de combustibles y eliminar subsidios corrientes.