La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) denunció este martes que estaba en marcha un supuesto «golpe judicial» tras señalar que el Tribunal Supremo de Justicia había recibido este martes un recurso introducido por el oficialismo contra la proclamación de 22 diputados electos el pasado 6 de diciembre.
En las pasadas legislativas la oposición logró 112 diputados contra 55 del chavismo, una mayoría «calificada» de dos tercios que le confiere grandes poderes para legislar y para hacer otras acciones como investigar a funcionarios o destituir a magistrados en el caso de que cometieran faltas graves.
El secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba, dijo que la oposición aún desconocía contra qué diputados era la medida que supuestamente había introducido el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pues esta ha sido una «operación secreta, encapuchada».
Asimismo calificó la medida de «suicida» por parte del Gobierno y recordó que la oposición es «la nueva mayoría nacional», una realidad que no puede modificar «ninguna maniobra, ni política ni partidista, ni judicial».
Informó además que la MUD ya se había comunicado con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y directamente con el expresidente dominicano Leonel Fernández, jefe de la misión electoral de este mecanismo en los comicios legislativos de diciembre en los que la oposición logró 112 diputados contra 55 de chavismo.
Asimismo, dijo que la alianza también se comunicó con la Organización de Estados Americanos (OEA), con la Unión Europea y con «los jefes de parlamentos de todo el hemisferio para que estén en estado de alerta en función de lo que está ocurriendo, porque es muy grave».
Más tarde, el TSJ negó que su Sala Electoral hubiera recibido alguna solicitud de impugnación de diputados opositores y apuntó que esta aclaratoria «obedece a declaraciones ofrecidas por voceros políticos» y a falsas informaciones «que de forma irresponsable han puesto a circular» algunos ciudadanos en las redes sociales».
En este escrito, el Supremo dijo que estas versiones «en nada contribuyen con el clima de paz y tranquilidad que reina en el país» y apuntó que esa Sala Electoral ni siquiera ha trabajado en la última semana.
La oposición también criticó que la mayoría oficialista saliente del Parlamento hubiera convocado a una sesión extraordinaria para designar a los magistrados del TSJ, una jornada que se llevó a cabo dando inicio a un proceso que MUD calificó de «inconstitucional» y acelerado tomando en cuenta que pronto habrá cambio de Parlamento.
En esta sesión la bancada chavista votó a favor de la designación 13 magistrados principales y 22 suplentes, aunque, al no contar con la mayoría de dos terceras partes para su aprobación, convocaron a otras tres sesiones, como lo indica la Constitución.
El presidente del Parlamento saliente, Diosdado Cabello, dijo estar seguro de que no contará con el apoyo de la oposición para obtener la mayoría necesaria para esta aprobación y por ello recurrirán al recurso de la cuarta sesión para que los jueces sean designados solo con el voto oficialista.
El parlamentario indicó que de no lograrse esas dos terceras partes, este miércoles habrá sesión a las 13.30 GMT «y si no se logra estaremos aquí a la 1.00 (13.00 – 17.30 GMT)» y aclaró que esta designación se cumplirá antes de que termine el período parlamentario en enero.
La propuesta para escoger a los magistrados la hizo el diputado oficialista Elvis Amoroso que salió al paso a las acusaciones de la oposición que ha criticado el proceso de designaciones al calificarlo de ilegal y señaló que «bajo ninguna circunstancia» el chavismo atropellará la Carta Magna.
El diputado opositor Alfonso Marquina dijo que el procedimiento de designación de jueces «está absolutamente plagado de irregularidades» pues se incluyeron personas «de manera fraudulenta» y el mismo Amoroso se postuló siendo diputado y con afiliación partidista.
Además, reclamó que Amoroso no debería aspirar a ser magistrado pues su propio hijo es secretario del comité de postulaciones de los jueces, lo que viola la Ley Orgánica del TSJ.
Señaló que «se viola incluso el mandato constitucional de que son 15 días que tiene el Poder Ciudadano» para impugnar estas postulaciones, lo que no se cumplió, toda vez que la lista de los aspirantes se conoció el 8 de diciembre.
