Las fumigaciones aéreas de los cultivos de coca fueron suspendidas en 2015, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, en acatamiento de una sentencia de esa Corte basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medio ambiente, como alegó la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Posteriormente, en 2017, el alto tribunal suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar asperjar con glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumple seis exigencias sanitarias ambientales.
En Colombia no está prohibido el uso del glifosato -de hecho es uno de los herbicidas utilizado en agricultura y jardinería- pero lo que ha estado suspendido es su uso por aspersión aérea.
A través de ese documento se regula el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.
También detalla la forma como funcionará el mecanismo de quejas para atender posibles afectaciones en la salud de las personas y del medioambiente que podrían ocurrir en la ejecución de la aspersión aérea con glifosato.
Dos días después, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) acercó más al Gobierno en el cumplimiento de lo pedido por la Corte y aprobó la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con el Herbicida Glifosato (PECIG).
Allí se incluyen más medidas de manejo y un programa de seguimiento y monitoreo más detallado para que en caso de que se reanude la actividad, se logre mayor control sobre los efectos ambientales en los componentes hídricos, bióticos y socioeconómicos, entre otros.
En cuanto a los estudios de riesgo en salud que pide la Corte Constitucional ya se hicieron.
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