La ampliación de la edad para contratos juveniles, la autorización del Ministerio de Trabajo para implementar una jornada laboral reducida, y el financiamiento del Seguro de Desempleo son algunos de los temas que se analizan con mayor detenimiento dentro del paquete de reformas laborales que tramita la Comisión de Derechos de los Trabajadores. Ayer el ministro de Trabajo, Leonardo Berrezueta, compareció ante la Comisión, donde se refirió, entre otros aspectos, a la posibilidad de que el Ministerio ejecute un control ex post del acuerdo entre trabajadores y empleadores para la implementación de la jornada laboral reducida, trámite que demoraría alrededor de 15 días.
Esta solicitud fue expuesta el martes por el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CCE), Richard Martínez, quien a nombre del sector sugirió que las empresas que opten por reducir el horario de trabajo puedan hacerlo de manera inmediata apenas lo acuerden con sus colaboradores, sin necesidad de esperar la autorización del Ministerio, pero que para garantizar el correcto uso de la medida la entidad realice controles posteriores. De su lado, Marco Carrión, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha (Capeipi), dijo que la jornada reducida debería aplicarse de manera discontinua conforme lo requiera la empresa y no de forma consecutiva durante 6 meses como se plantea en el proyecto de Ley de Optimización de la Jornada Laboral y Seguro de Desempleo.
Otra propuesta del gremio es que para el contrato juvenil se considere a jóvenes de hasta 26 años, puesto que a esa edad se esperaría que el joven haya concluido sus estudios superiores, expuso Martínez, quien sobre las pasantías agregó que se extienda el tiempo de duración de 6 meses a dos años o hasta que el estudiante obtenga su título de tercer nivel, lo que se suceda primero. Berrezueta manifestó que solicitará un análisis financiero para determinar la factibilidad de la propuesta, en cuyo caso, de ser viable, se podría incorporar a jóvenes de hasta 29 años de edad.
Recordó que en la normativa legal vigente no existen incentivos ni regulación sobre la contratación de jóvenes en el sector privado. Ayer también compareció el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Richard Espinosa, explicando que de acuerdo a estudios realizados se determinó que el Seguro de Desempleo podrá sostenerse incluso si la tasa de desempleo del país asciende al 15%.
La tasa de desempleo actual es de 4,77%, fue en el año de 1998 cuando se registró la cifra más alta: 11,75%. Reiteró que el seguro está dirigido a los afiliados en relación de dependencia y que hasta la aprobación de la ley se podrán retirar con normalidad los fondos de cesantía cumpliendo los requisitos vigentes. Actualmente la cesantía tiene acumulados $ 5.000 millones; el año pasado 250.000 afiliados accedieron a sus fondos, indicó Espinosa.
Respecto a la propuesta de que el Estado asuma la aportación patronal en los contratos juveniles con remuneraciones de hasta dos salarios básicos unificados ($ 732), Espinosa aclaró que los recursos para el financiamiento de este elemento no saldrán de las arcas del IESS, sino de fondos del Gobierno Central. “La transferencia podría ser en efectivo o bonos del Estado”, afirmó. La Comisión continuará recopilando los aportes de los diferentes sectores convocados, de los cuales, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) ha manifestado su negativa a comparecer, sin que hasta el momento se conozca su propuesta.
