El texto original del proyecto ahora tiene varios cambios relacionados con pasantías, jornadas reducidas de trabajo y seguro de desempleo.
Sobre las pasantías, por ejemplo, el pago no será voluntad del empleador, sino que tendrá una base no menor a un tercio del salario mínimo unificado, según confirmó la asambleísta oficialista y presidenta de la Comisión, Marllely Vásconez.
Respecto a la jornada de trabajo, según el legislador Fausto Cayambe, el empleador deberá cumplir 8 requisitos concurrentes, entre ellos, demostrar que ha tomado decisiones para optimizar los gastos, sobre todo a nivel administrativo de la empresa, que incluyen la reducción de los salarios de los empleadores, frente a las condiciones económicas que vive el país. Una vez que demuestre esto, solicitará al ministerio rector la verificación de una reducción en sus ingresos sobre el 30 %. Cayambe también indicó que en este período de ajuste de jornada laboral, se prohíbe despedir a un solo empleado y, en caso de hacerlo, no podrá volver utilizar este mecanismo. De igual forma, deberá incluir un informe por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI) del comportamiento de la empresa en los últimos períodos fiscales.
Sobre el seguro de desempleo, Cayambe explicó que en el caso dd que no se logre cubrir los rubros para este seguro, el Estado cubrirá la diferencia; este seguro también incluye a otros sectores como fundaciones, corporaciones y entidades privadas. El mismo estará financiado con el 1 % del empleador, que se convierte en fondo solidario, del 2 % de los trabajadores, que constará en las cuentas individuales y la participación del Estado.
Sin embargo, la sesión no estuvo exenta de discuciones. La asambleísta Cristina Reyes, del Partido Social Cristiano – Madera de Guerrero (PSC-MDG), una de las voces contrarias al proyecto, pidió que se certifique por Secretaría si se entregó los estudios técnicos del Ministerio del Trabajo con el impacto en sectores de reducción de jornada, a lo que Vásconez respondió que aún no han llegado a la Comisión. No obstante, Vásconez aseguró que sí existen estudios técnicos para el proyecto de ley, y que lo solicitado por Reyes no lo tienen desde Secretaría, pero señaló que «nosotros no hemos hecho las cosas de manera arbitraria y sin los estudios técnicos correspondientes».
La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, anunció que el lunes 7 se realizará el primer debate de la normativa, que tiene el carácter de urgente, por lo que deberá aprobarse hasta el 24 de marzo.
