Además, la Comisión coligió que la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos (RMG) a 188 millas náuticas podría traer consecuencias negativas principalmente en la disminución de áreas de pesca de la flota atunera ecuatoriana.
En la falta de actuación de las autoridades del Ejecutivo, la Comisión señala al Consejo del Régimen Especial de Galápagos, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Ambiente, ya que las acciones de pesca extranjera en esta área se realizan años atrás del 2020, dejando como resultado que Ecuador no obtenga hasta el momento acercamientos efectivos con autoridades de organismos internacionales, que permitiesen acceder al país a una alianza estratégica en busca de la conservación.
«Que, la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, no han aplicado con rigurosidad los beneficios y derechos que le conceden la Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar – CONVEMAR, el Acuerdo sobre la Aplicación de las Disposiciones de la Convención relativas a la Conservación y Ordenación de las Poblaciones de Peces Transzonales y las Poblaciones de Peces Altamente Migratorios (Acuerdo de Nueva York) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres – CITES«, agrega una de las conclusiones.
Por las faltas de las autoridades, la Comisión recomendó que el Pleno de la Asamblea Nacional determine responsabilidades políticas por la negligencia por parte del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, y que la Comisión de Fiscalización inicie una acción de control político en contra del Director General del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) al impedir de forma sistematizada la entrega de información relevante para el caso.
Nota Original: El Universo – LINK
