Dicho informe está suscrito por los asambleístas Raúl Abad, Ximena Ponce, Armando Aguilar, Gastón Gagliardo, Miryam González, Diego Vintimilla.
El asambleísta Diego Vintimilla, vocal de este organismo legislativo precisó que el Mandatario formuló 21 observaciones al cuerpo legal que en su mayoría son de carácter formal y permitirán estructurar de mejor manera algunos articulados de la norma con lo cual se garantiza mayor precisión, sobre todo, respecto al organismo rector que en este caso es el Ministerio de Cultura y Patrimonio en cuanto y sus competencias.
Las precisiones que plantea el Ejecutivo permiten que a nivel reglamentario exista la flexibilidad suficiente para que el Ministerio de Cultura y Patrimonio pueda ejercer la rectoría sobre el sistema nacional de cultura con absoluta libertad, garantizando los derechos que están establecidos en la norma.
Al referirse al proyecto en su conjunto el parlamentario señaló que en el ámbito de la cultura es importante generar un marco conceptual respecto a cuáles son los marcos culturales que tenemos los ecuatorianos, por tanto. el ejercicio de la interculturalidad transversalizada permite que las distintas expresiones artísticas y culturales estén absolutamente avaladas; y, para ello, es necesario que exista un ente rector que garantice políticas claras no solamente de seguimiento y control a la actividad cultural sino más bien del fomento a la libertad creativa, fomento a la autonomía de las instituciones; y, también políticas públicas de incentivos económicos para garantizar que los gestores culturales, los artistas tengan a su alcance mecanismos, instrumentos para desarrollar su actividad como parte no solamente del enriquecimiento de nuestro acervo cultural sino como un sector capaz de generar riqueza para el país.
Este es el avance más importante de la norma, dijo Diego Vintimilla, porque creemos que la cultura no solamente debe ser el elemento que nos constituye como nación, sino que también dinamizar una serie de otros elementos sociales que nos permita avanzar como país que logre generar economías en otros ámbitos no solamente los productivos extractivos, sino también como la cultura y el arte.
Precisó que como en todas las normas en las cuales hay una reingeniería de personal, una reorganización en función de las instituciones que quedan vigentes al aprobarse la ley se garantiza, estrictamente, la estabilidad de los funcionarios.
Mencionó que en este proceso se dará una evaluación de la pertinencia de cada uno de los cargos que vienen desempeñando en las distintas instituciones para garantizar que estas instituciones cuenten con el personal absolutamente indispensable para el desarrollo de sus funciones. Es reto es garantizar que exista el respeto a los derechos laborales de todas las personas, pero también la eficiencia del Estado al momento de tener el personal que sea necesario.
Subrayó que una vez que la normativa entre en el Registro Oficial, el país gana en varios ámbitos ya que Ecuador contaría con una Ley de Cultura; así como cumplir con el mandato constitucional y el mandato originado en la voluntad popular del pueblo.
Los primeros beneficiarios son los artistas y gestores culturales a los cuales se les reconoce tanto sus derechos laborales, la seguridad social; y, un elemento que es muy particular la certificación de competencias.
Reconociendo la falta de oportunidades que ha tenido históricamente el sector de la cultura en el Ecuador, la experiencia adquirida y todos los conocimientos generados en la práctica y la experiencia serán valorados a fin de acceder a una serie de espacios en concursos públicos para poder certificar sus competencias, es decir, que el Consejo de Educación Superior podrá homologar una especie de título académico para estas personas lo cual les permitirá que los gestores y artistas culturales accedan al trabajo en las distintas esferas de lo público, privado, comunitario.
