El funcionario de Estado compareció el pasado 6 de marzo ante la Comisión de Fiscalización y presentó sus pruebas de descargo, pero las nuevas reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa contemplan un plazo adicional de diez días para nuevas pruebas. Para este caso que se ventila en la Asamblea Nacional ese plazo vence el 19 de marzo.
Posteriormente a ello, la Comisión de Fiscalización en cinco días de plazo deberá presentar el informe respectivo para conocimiento del pleno.
La ley determina que, vencido el plazo de actuación de pruebas de cargo y descargo, la Comisión de Fiscalización remitirá en un plazo de cinco días al presidente de la Asamblea Nacional un informe que detalle, motivadamente, sus respectivas conclusiones y las razones por las cuales recomienda al pleno de la Asamblea el archivo del trámite o el juicio político.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elio Peña (PK-BIN), dijo que el acusado anunció que pedirá nuevas pruebas de descargo. Luego de terminados los diez días se cierra toda la fase probatoria y luego se preparará el informe. Con seguridad, la Comisión no pedirá un plazo adicional, añadió.
Andrés Isch enfrenta siete acusaciones por incumplimiento de funciones, que tienen relación con el conflicto laboral de los trabajadores de la fábrica Explocen respecto a la firma del contrato colectivo; una supuesta arrogación de funciones al interpretar la aplicación del artículo 169 (6) del Código del Trabajo, incluido en la Ley Humanitaria, sobre los casos en que se aplicarían los despidos por fuerza mayor o caso fortuito.
El funcionario también está acusado por las asambleístas Marcela Holguín y Marcela Aguiñaga, de las filas de la Revolución Ciudadana, de negarse a entregar información de su cartera de Estado y de no haber fijado el Salario Básico Unificado en el 2021.
Durante la comparecencia, el ministro Isch desestimó las acusaciones planteadas en su contra e incluso aseguró que pese a la crisis generada por la pandemia hubo recuperación del empleo adecuado en el país, que toda su gestión está orientada a preservar el empleo y crear nuevas plazas de trabajo a través de nuevos contratos: por giro de negocio, contratos de empleo productivo, empleo joven, contratos en formación y contratos turísticos.
Respecto al conflicto laboral de Explocen C. A., explicó que es un caso iniciado en el 2018 y que ahora está en los tribunales de conciliación y arbitraje; y que pese a que no es de su competencia, propuso mecanismos de diálogo para alcanzar acuerdo. Pidió a las autoridades de la fábrica de explosivos que reintegren a los trabajadores que fueron despedidos bajo la figura de caso fortuito y fuerza mayor.
Una vez que concluya el trámite de este juicio político en la Comisión de Fiscalización, el presidente de esa comisión, Elio Peña , anunció que convocará de manera inmediata a los legisladores para iniciar el procesamiento del juicio político presentado en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, acusado de incumplimiento de funciones en la adquisición de vacunas y en el plan de vacunación en contra del COVID-19. El pedido de juicio político fue presentado por los asambleístas Ángel Sinmaleza (IND) y Pabel Muñoz (RC).
Nota Original: El Universo – LINK
