Esto, luego de que Dunn no se presentara ante la Comisión para detallar el proceso de valoración, monetización y venta del Banco del Pacífico, después de que el pleno del Legislativo dispuso la desclasificación de esa información mediante Resolución n.º RL-2019-2021-076 del 27 de agosto de 2020.
Sin embargo, hubo posiciones encontradas entre los miembros de la Comisión durante la sesión antes de la aprobación del informe. Esto, debido a esclarecer si Dunn era sujeto al control de la Asamblea y apto para el enjuiciamiento. Hubo miembros de la Comisión que pese a exponer con alegatos jurídicos su desacuerdo en pedir al Pleno el inicio del proceso de juicio votaron a favor de la aprobación del informe para que el proceso no se estanque.
Por ejemplo, el legislador César Solorzano indicó que pese a que apoyó la moción de un análisis de un juicio político contra Dunn en una sesión pasada, expuso sus dudas sobre si el funcionario era sujeto de control por parte de la Asamblea Nacional.
Ante esto, Gabriela Larreátegui dijo que “está convencida” de que Dunn no es sujeto de control ni de juicio político y recordó que no se negó a dar la información acerca del Banco del Pacifico, sino que esta se difunda en las redes sociales.
Sin embargo, la asambleísta, quien criticó su ausencia en la última sesión y reprochó que haya remitido una excusa, señaló que es la Comisión la que debía decidir si el funcionario es sujeto de control y no el pleno del Legislativo.
Larreátegui citó los artículos 129 y 131 de la Constitución en los que se detallan las autoridades que están sujetas a control de Legislativo, en los que no constan directivos de la CFN.
“En realidad la Constitución no determina otras (autoridades) que las que ya están antes dichas”, sostuvo la legisladora, quien expresó que existe un fallo de la Corte Constitucional que señala que los sujetos a enjuiciamiento político son los ministros que ejercen las rectorías de las políticas públicas del área a su cargo o a los que les corresponde la emisión, instrumentación e implementación de políticas públicas de cada área de Gobierno.
“La Corporación Financiera Nacional, creada en agosto de 1964, está regulada por el Código Orgánico Monetario y Financiero; y, después de la reestructuración, por el Decreto Ejecutivo 868 del 2016, su máxima autoridad es el presidente del directorio que tiene como competencia dictar políticas de gestión de la entidad, autorizar participación de aportes de recursos de la Corporación, conocer programas de desinversión, autorizar la adquisición de bienes muebles, entre otros”, detalló Larreátegui, quien concluyó que en ninguna norma señala que el presidente del directorio de la CFN puede emitir política pública.
Una postura contraria tuvo el asambleísta Esteban Melo, quien señaló que el tema debía ser analizado por los 137 legisladores en el pleno donde se debía exponer un análisis jurídico a profundidad.
“Yo quiero transparencia, yo quiero la verdad, yo quiero que entre todos podamos discutir y ver lo que es bueno para el país; y lo que aquí ha habido es un intento de ocultar claramente qué es lo que está pasando alrededor de la venta del Banco del Pacífico”, sostuvo Melo, quien le solicitó a Franco Romero, presidente de la Comisión, que le solicite al titular de la Asamblea, César Litardo, que se traslade la información a la Comisión de Fiscalización para el inicio de un eventual juicio político.
Por su parte, el legislador Patricio Donoso coincidió con Larreátegui y Solórzano en que el presidente del directorio de la CFN no es sujeto de juicio político por parte de la Asamblea.
Y aunque la asambleísta Ana Belén Marín rechazó la postura de Dunn ante la Comisión, también tuvo observaciones sobre el análisis del pedido de enjuiciamiento al funcionario.
“Este señor no emite política pública y los que emiten política pública son los llamados a juicio político y al tener esta diferencia estamos a tiempo porque podríamos caer en un error”, manifestó la legisladora.
Una posición similar asumió la asambleísta Pinuccia Colamarco, quien indicó que era correcto marcar precedentes ante la postura de Dunn con la Comisión, aunque sobre el pedido de juicio político reconoció que los reglamentos son claros.
Mientras, Luis Pachala, también miembro de la Comisión, tampoco estuvo de acuerdo con el enjuiciamiento, pero indicó que se debe insistir en que Dunn se presente ante el grupo especializado.
En tanto, la Comisión también resolvió emitir un pronunciamiento público al país en el que se rechace la actitud y el ocultamiento de información por parte de Dunn.
Nota Original: El Universo – LINK
