La Comisión de Relaciones Internacionales aprobó el informe respecto del proceso precontractual y contractual de la adquisición de los siete helicópteros Dhruv para la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En el documento se concluye que los presuntos hechos de corrupción en la adjudicación del contrato No. 2008-d-006 no han podido ser corroboradas en el trascurso de la investigación, aunque sí se encontraron fallas administrativas, financieras y operativas. El texto se enviará al Consejo de Administración Legislativa (CAL).
En febrero de 2015 este organismo legislativo encargó a la comisión realizar un estudio destinado a consolidar toda la información disponible sobre esos procesos y las novedades ocurridas en su operación. En el informe se destaca que la mesa realizó una investigación exhaustiva de más de 20.000 hojas de expedientes, entrevistas, consultas y comparecencias de actores claves, así como un análisis objetivo, prolijo y sustentado.
La comisión concentró su análisis en cinco momentos: los cuatro procedimientos precontractuales fallidos y el adjudicado; la ejecución del contrato; los accidentes de los helicópteros; los seguros y coberturas posaccidentes; y, los procedimientos de control ejercidos. En el informe se establecen siete conclusiones y cuatro recomendaciones.
El informe detalla que en los procesos precontractuales se invocó la necesidad de dicha adquisición, justificada en informes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que daban cuenta de las serias limitaciones para el cumplimiento de sus misiones y operaciones. Señala que los cuatro primeros procedimientos aplicaron la normativa vigente, pero “se advierten imprecisiones técnicas y financieras en la elaboración de sus bases, así como ciertas actuaciones con excesos de discrecionalidad en las instancias que intervinieron”, las que incidieron en diferente medida para finalmente ser declarados desiertos”.
En la ejecución del contrato 2008-d-006 sobresalen, por una parte, las características y especificaciones técnicas que citaban para la adquisición de aeronaves; y, por otra, el cambio en los plazos de entrega de cuatro de los siete helicópteros. La aceptación de la entrega de estas aeronaves, pese a no contar con todos sus sistemas integrados, fue advertida como una falla dentro el primer informe del examen especial practicado por la Contraloría.
El documento precisa que si bien con la entrega de los siete helicópteros, la empresa contratada cumplió una de sus obligaciones principales, se reiteraron retardos e incumplimientos en la entrega de sistemas y otros items. Esta situación conllevó a la decisión del Ministerio de Defensa Nacional de dar por terminado el contrato, de manera unilateral y anticipada. Respecto a la capacitación pactada, se pudo comprobar la existencia de cursos impartidos, pero en algunas de las comparecencias se indicó que ésta fue insuficiente.
En el tercera faceta, que se investigó sobre los accidentes, el informe manifiesta que de los cuatro accidentes sufridos por Dhruv, dos de ellos se atribuyeron a errores humanos, uno a falla técnica y humana y el otro se originó en una deficiencia técnica. Pero, más allá de estas causas directas, los informes revelan otros factores que deben considerarse para dimensionar objetivamente lo sucedido: falta de horas de vuelo en este tipo de helicópteros por parte de las tripulaciones, inadecuados funcionamientos de algunos de sus sistemas, reiterados cambios en las órdenes de vuelo, entre otros.
En cuanto a los seguros, la comisión señala que “más allá de la pérdida irreparable de tres vidas humanas, sucedida en el accidente producido el 20 de febrero de 2014, el Estado logró recuperar la inversión inicial de la adquisición de los helicópteros. Esto se debió a la aplicación de las pólizas de casco aéreo contratadas por el Ministerio de Defensa y a sus condiciones, entre las cuales se incluyó la de reposición de los helicópteros en caso de accidente o el pago del cien por ciento de su valor actual en el mercado. Complementariamente, se aplicaron coberturas por atención médica, gastos de mortuoria, responsabilidad civil, entre otros”.
Por último, en lo relacionado con las acciones de control resalta los dos exámenes especiales practicados por la Contraloría General del Estado en el período del 1 de enero de 2007 hasta el 27 de enero de 2015. En estas no se identificaron indicios de responsabilidades penales, pero se detectaron varias fallas administrativas en las fases pre-contractual, contractual y de ejecución del contrato, producto de las cuales se establecieron las correspondientes responsabilidades y se estimó en 2’489.603,57 de dólares el perjuicio al Estado por el incumplimiento de HAL.
Sobre el caso del general Jorge Gabela, María Augusta Calle especificó que el CAL solicitó investigar sobre la compra de los helicópteros Dhruv y que su nombre está tratado con absoluto respeto en las fases en las que él intervino”. Este tema “es algo que corre por otra cuenta: la justicia. Si nos hubiera llegado alguna evidencia la hubiéramos trasladado”, añadió el asambleísta Fernando Bustamante.
El asambleísta, antes de emitir su voto, dijo además que en esta investigación “no hemos detectado ningún esfuerzo por boicotear o esconder ninguna información” y que se ha “buscado hasta debajo de las piedras”. Entre tanto, María Augusta Calle mencionó que la investigación concluyó con la misma hoja de ruta que inició, “cumpliendo con objetividad, apegado a la verdad y transparencia en el encargo recibido”.
