En la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Rubén de la Torre, representante de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo, solicitó rectificar la estructura y contenido de las reformas a las leyes de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y Ley de Pensiones de las Fuerzas Armadas, especificando los procedimientos y mecanismos para el cálculo de pensiones, observando el régimen especial para cada sector que tiene sus propias características.

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Precisó que con la Ley del ISSFA ya no se contempla la separación obligatoria y baja voluntaria, sino la separación del servicio activo cumpliendo requisitos para acceder a las prestaciones, por lo que conviene establecer una transitoria para determinar el cambio de requisitos de 20 a 25 años para acceder a las prestaciones de la Seguridad Social Militar.

Dijo que es necesario observar lo que menciona el convenio 102 de la OIT, que aclara que los funcionarios públicos pueden ser excluidos de la aplicación de los Convenios 121, 128 y 130, cuando están protegidos por regímenes especiales, pues se debe tomar en cuenta la función que cumple un miembro de las Fuerzas Armadas que no está contemplada en las normas, pues sus actividades profesionales rebasan toda norma laboral previsible en cuanto a la particularidad y especificidad del cumplimiento de sus deberes y responsabilidades que para el caso de Ecuador, se derivan de la misión constitucional que se impone a las Fuerzas Armadas, por tanto, organizar un sistema de seguridad social militar, que responda a las particularidades y características demográficas de dicho colectivo, basado en principios de protección, solidaridad, justicia y participación equitativa del Estado, del empleador o de sus asegurados.

Entre tanto, Juan Patricio Patiño, de la Asociación de Policía de Zamora Chinchipe, en representación de la tropa, pidió a los comisionados analizar sus pensiones que están congeladas.

De su lado, el sargento Máximo Benítez, presidente del Comité Cívico Patriótico del sur de Quito, señaló que en la propuesta existen temas aceptables en beneficio de la tropa, pero hay aspectos que podrían perjudicar a los nuevos que entran a este servicio. Solicitó se homologue las pensiones de quienes salieron antes del 2006 con los que se retiren luego de este año, ya que hay disparidad.

Tras sostener que la Contraloría debe vigilar los recursos del ISSFA porque existen recursos públicos, comentó que en el directorio la tropa tiene un representante, al igual que los oficiales, pese a que la tropa constituye el 80% y, por tanto, debería aumentarse a tres.

Esteban Raza, representante del Frente de Pensionistas de las Fuerzas Armadas, señaló que no existe un estudio actuarial para determinar por qué se determina los cinco últimos años para calcular las pensiones de retiro; no existe un impacto de esta medida y que la propuesta no está debidamente motivada.