El voto de este jueves es un paso más en el camino para que Rousseff sea oficialmente destituida del cargo, pero no es el último paso.
La decisión que pasó con 14 votos a favor y 5 en contra es otro golpe para Rousseff justo un día antes de la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Río 2016.
El Senado deberá votar el próximo martes sobre si aceptan o no la recomendación de la comisión.
Si deciden seguir adelante, el voto final ocurriría en algún punto hacia el final de este mes, después de que terminen los Juegos.
Este martes el instructor de su causa en el Senado recomendó avanzar en el juicio político contra Dilma Rousseff para que finalmente sea destituida.
Antonio Anastasia instructor en el juicio politico contra la suspendida mandataria de Brasil, recomendó destituirla de la presidencia y dijo que Rousseff cometió graves irregularidades que desestabilizaron las finanzas y pusieron en riesgo programas sociales y políticas publicas esenciales para la población.
El senador Anastasia presentó su informe final ante la comisión de 21 senadores a cargo del juicio politico. En su informe concluye que hay plenas razones para proceder con la acusación y continuar el proceso para la destitución de la mandataria. Argumenta que los delitos fiscales por los que se acusa a Rousseff suponen un atentado a la constitución y dice que son irregularidades graves porque alteraron los presupuestos de la nación y «comprometieron la sustentabilidad de políticas públicas y servicios fundamentales para la sociedad».
Rousseff fue suspendida en mayo cuando el senado votó a favor de iniciarle un juicio politico. Es acusada, entre otros, de irregularidades en el manejo de los presupuestos y de decretar gastos sin la aprobación del Congreso.
Las acusaciones de corrupción han estado merodeando su administración desde 2011. Una investigación sobre un esquema de sobornos de millones de dólares a la petrolera estatal Petrobras envuelve a docenas de empresarios y líderes políticos del país, aunque Rousseff no fue acusada directamente. La mandataria dirigió Petrobras durante muchos de los años que tuvo lugar la supuesta corrupción.
El pasado 27 de junio un informe elaborado por peritos del Senado brasileño confirmó que la presidenta suspendida Dilma Rousseff sí cometió el delito de responsabilidad fiscal, aunque advierte que no está demostrada su contribución en el retraso de los pagos a los bancos públicos, lo que en Brasil se conoce como patadas fiscales.
Los tres peritos designados por la comisión que adelanta el juicio político contra Rousseff concluyeron que tres de los cuatro decretos de crédito adicional firmados por la presidenta suspendida fueron irregulares, porque se implementaron sin el aval del Congreso y tuvieron un impacto negativo en el cumplimiento de la meta fiscal.
Tras conocer los resultados del informe, Rousseff aseguró que se demuestra así que el proceso de juicio político constituye un golpe de Estado, pues no hay ni base jurídica ni pruebas en su contra.
