El canciller ecuatoriano, Guillaume Long, en un conversatorio con la prensa, destacó que el informe -compuesto por 8 páginas- de dicho comité es positivo para Ecuador. Long resaltó como logros la reducción de las tasas de desempleo y la activa participación de más mujeres en la vida pública. El Comité, además, reconoció la Ley de Discapacidades y la suscripción de convenios internacionales. En el conversatorio la Ministra de Justicia, Ledy Zuñiga, dijo que informe no establece que en Ecuador haya violación de derechos humanos.
Hizo notar que los avances logrados son satisfactorios con relación al informe del organismo internacional en 2009. También recordó que en 2006 hubo 36 casos de muertes en centros penitenciarios causados por el hacinamiento, y que esos casos hoy en día son inferiores al 1%. Zúñiga dijo que en 2009 al Comité le preocupaba mucho la violencia en los centros educativos y que en la actualidad es un tema superado. Por su parte, el secretario de Comunicación, Patricio Barriga, también se refirió sobre el reconocimiento por parte del Comité de la ONU a Ecuador, eso sumado a lo logros conseguidos por el país en cuanto a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Barriga destacó que Ecuador haya propiciado la democratización del espectro radioeléctrico y los derechos de los comunicadores. El viceministro del Interior, Diego Fuentes, destacó que en 2009 preocupaba la falta de capacitación de la Policía Nacional en derechos humanos, pero que ahora en Ecuador ya existe un protocolo para el uso progresivo de la fuerza.
Los representantes del Gobierno ecuatoriano reiteraron su compromiso con los Derechos Humanos y con los mecanismos internacionales de protección. Esta renovación la formuló Long durante la presentación de toda la información sobre los avances en derechos civiles y políticos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, acto que se efectuó el 27 y 28 de junio en Ginebra (Suiza).
Libertad de expresión y reunión pacífica
El informe del Comité de la ONU señala que en cuanto a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), la información proporcionada por el Estado consagra importantes principios relativos al derecho a la libertad de expresión.
En este punto, la Cancillería ecuatoriana dijo que en el informe del Comité constan algunas de las alegaciones que recibió, no solo del Estado, sino de las mismas organizaciones políticas opositoras que buscan desprestigiar la imagen del país. De allí que el Ecuador rechaza todas las alegaciones infundadas de dichas personas y organizaciones. En ese marco, Ecuador señaló que acoge con mucha satisfacción la recomendación del Comité de Derechos Humanos para iniciar amplias consultas con organizaciones de la sociedad civil sobre los temas tratados por el Pacto Internacional de Derechos Humanos, y compromete todos sus esfuerzos para que en el escenario internacional las organizaciones nacionales puedan tener el espacio de expresarse y contar con una representación adecuada de las más de 77.200 organizaciones sociales registradas en el país; y de las miles de asociaciones más que existen en cada rincón del Ecuador.
En lo que respecta a la situación de la libertad de expresión, Ecuador también discutió con el Comité todos los avances que implica la LOC y reiteró que la misma está en perfecta sintonía con todos los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, que además del derecho a la libre expresión reconocen el derecho a no afectar la honra de las demás personas. Ecuador considera derechos fundamentales a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el derecho a la información. La Cancillería recordó que durante más de 3 décadas el control de los medios de comunicación se ejerció por parte de un reducido grupo de personas y empresas.
En contraste, el nuevo escenario ecuatoriano establece un reparto más equitativo, en un tercio, de frecuencias de radio y televisión, para medios comunitarios, privados y públicos, a través de un concurso público. El Canciller Long informó que sobre libertades de expresión y reunión pacífica, Ecuador dialogó con el Comité sobre el desarrollo de las marchas de oposición política de 2015. Sobre este punto, dijo que la delegación ecuatoriana evidenció graves episodios de violencia ocurridos en dichas manifestaciones. A este respecto, el Comité menciona que tomó nota de la información que algunos manifestantes habrían recurrido a la violencia contra las fuerzas de seguridad y mantenimiento del orden, actos que el Estado parte puede legítimamente someter a investigación.
El Comité fue informado que la Policía Nacional cuenta con estándares para el uso progresivo de la fuerza en manifestaciones públicas. En los hechos mencionados, jóvenes policías, hombres y mujeres, resistieron agresiones de forma estoica conforme el marco jurídico y protocolos vigentes. La policía precauteló la seguridad de los manifestantes y no manifestantes hasta el retiro pacífico y voluntario de los inconformes y ha procedido a cumplir el procedimiento llegando en los casos específicos a la detención de las personas que cometieron un acto violento para ponerlas ante la autoridad judicial competente. Este hecho se verifica -según autoridades de Cancillería- en que no exista ni una sola denuncia en la unidad de investigación de actuaciones policiales de la institución sobre uso excesivo de la fuerza a civiles por parte de personal policial producto de protestas.
El canciller Longo dijo en este punto que el Estado respondió ante el Comité más de 150 consultas que obedecen a las acusaciones de 3 ó 4 ONG opositoras que hacen lobby. Lucha contra la discriminación y violencia por motivos de orientación sexual o identidad de género En este tema, el Comité de las Naciones Unidas indicó en su informe nota satisfacción las medidas adoptadas por el Estado en relación con los derechos de las personas LGBTI y encomia la inclusión de la prohibición de la discriminación, entre otras, por razones de identidad de género y orientación sexual en la Constitución. Destacó que esta medida se fortalece con la tipificación y sanción de los delitos de discriminación y de odio, contenidos en el Código Orgánico Integral Penal de 2014.
