El problema, que se originó en octubre del año pasado, cuando un enorme hueco se formó en la avenida 10 de Agosto, en pleno centro colonial de la ciudad, se agravó.
Al momento están afectadas alrededor de 112 familias, cuyas casas presentan cuarteaduras. Tres viviendas ya fueron declaradas inhabitables, incluida la escuela La Inmaculada.
La situación motivó una reunión urgente entre el presidente Lenín Moreno; el alcalde de la ciudad, Jhansy López; la representante de las familias afectadas, Viviana Fernández, y los ministros del Interior César Navas; de Minas, Javier Córdova, y de Defensa (e), Felipe Vega.
Navas informó que luego de analizar la situación “el Presidente de la República dispuso la creación de un comité de gestión multidisciplinario para atender la problemática que tendrá autoridad en territorio para tomar decisiones”.
Este comité hará un diagnóstico técnico de la situación e intervendrá en la solución de la problemática a mediano y largo plazo. Para el efecto se declaró un estado de excepción por 60 días, que será modulado de acuerdo a las necesidades de Zaruma.
El ministro de Minas, Javier Córdova, aclaró que se suspenderán las operaciones de ciertas concesiones mineras “especialmente en la zona de las faldas del cantón Zaruma hasta la ciudad de Portovelo, lo que nos permitirá tener un control adecuado y a partir de eso hacer una esterilización integral de la minería ilegal”.
El Mandatario también dispuso al Ministerio de Finanzas la inmediata asignación presupuestaria inicial emergente de aproximadamente $4 millones para la intervención.
El ministro de Defensa (e), Felipe Vega, mencionó que en ese territorio existen accesos a galerías mineras, en donde se hacen explosiones que atentan contra la estabilidad del subsuelo de Zaruma. Algunos de estos yacimientos han sido construidos desde las viviendas de la misma ciudad.
Por este motivo el estado de excepción “permitirá descubrir, bloquear y controlar los accesos, además de tomar acciones más profundas con la Policía y las Fuerzas Armadas de tal manera que estas tengan continuidad en el sistema judicial para sancionar las infracciones y delitos que se cometen en esa zona”.
Navas aclaró que este comité estará presidido por el Ministerio del Interior y que se apoyará en otras entidades técnicas, como la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Instituto Geológico. En 15 días se tendrá un primer informe.
El Ministro dijo que la zona de afectación está delimitada y que se desarrollarán evaluaciones para determinar “si es necesaria la reubicación, aunque eso dependerá de los estudios técnicos, mientras tanto se ha restringido el tráfico y se han retirado negocios y dependencias de atención al público”.
DATOS
El estado de excepción permitirá mantener un control directo por parte de las Fuerzas Armadas y Policía en las zonas afectadas con el incremento de personal. Los efectivos militares y policiales realizarán operativos de porte de armas, explosivos y control de los accesos a las bocaminas, incluso a las que están fuera de la zona de exclusión minera.
Habrá control de las áreas donde inclusive laboran extranjeros. En forma paralela hay equipos especiales de agentes que están identificando a las bandas delictivas dedicadas a la minería ilegal.
La medida posibilitará la restricción de la circulación en las minas, el acceso a las viviendas para comprobar que no tengan galerías internas y la asignación de recursos económicos para el trabajo en esta zona.
