Sobre el tema de la electromovilidad, se ha establecido que haya una promoción e incentivos al transporte eléctrico para precautelar el medioambiente. Las entidades públicas deberán destinar el 2% de sus espacios de parqueo para uso de vehículos eléctricos. También se establecen regulaciones de uso de escúteres eléctricos, que serán regulados por GAD. Se incorpora como medida de pacificación las zonas 30 km por hora en áreas residenciales o locales, y de 20 km por hora para zonas escolares, que ya se elevaría a categoría de ley. También se creará un registro de biciusuarios, para así tener información sobre el parque ciclístico. Adicionalmente, los gobiernos autónomos descentralizados crearán redes de ciclo-parqueaderos públicos.
En cuanto al segundo eje, que es el fortalecimiento de la educación vial, explicó que se crea una malla curricular para entidades educativas privadas y púbicas, tanto para los conductores como para los estudiantes de los niveles inicial hasta el bachillerato. Las escuelas de conducción profesionales y no profesionales deberán contar con la acreditación de la calidad del Sistema de la Educación Superior. También se crea la licencia especial para conductores de metro, tranvía, teleféricos, funiculares y similares. Como un incentivo para buenas prácticas, se reducirá el 50% del valor de la licencia a los conductores que por cinco años no pierdan sus 30 puntos.
Al hablar de seguridad vial, se prohíbe la homologación de vehículos de baja puntuación en pruebas de deformación por colisión o la utilización de chasis de vehículos de carga en transporte de público para precautelar la vida de conductores y pasajeros. Se establece que habrá auditorías de seguridad vial en las carreteras, en las fases de estudios, ejecución y operación. Esto logrará reducir el alto índice de siniestralidad. Para obtener la licencia de motociclistas, la educación será presencial y con equipamiento obligatorio y pruebas de destreza. No se permitirá el comercio en las unidades de transporte.
Los GAD deberán capacitar a su personal de control del tránsito al menos dos veces al año y establecer un plan de carrera. Deberá haber un control del número de agentes y tiempo de duración de un operativo, para así evitar actos de corrupción de operativos improvisados.
En un quinto eje, sobre planificación, control y tecnología, se creará un sistema de patrones de movilidad, herramienta de planificación. Además se plantea crear un sistema unificado de peajes automáticos. Habrá obligatoriedad de uso del GPS para las unidades de transporte y se plantea que haya cámaras externas para patrullas, que registrarán los procedimientos de los infractores de tránsito.
La aprobación generó una respuesta positiva de varios sectores ciudadanos. Consumidores Ecuador, Fundación Cavat y Fundación Ciudadana reconocieron la voluntad política de los legisladores, en especial, por incluir algunas de las recomendaciones que hicieron al proyecto de ley en relación a los factores de riesgo prioritarios. Exhortaron al Gobierno para que la ley pueda enviarse al Registro Oficial.
Sarahí Maldonado, representante de Consumidores Ecuador, dijo que los avances logrados en la Ley de Tránsito se traducen en menos muertes en las calles. “La ley incluye la reducción de velocidad en las zonas residenciales a 30 km/h y a 20 km/h en zonas escolares. Asimismo, se regulará el uso obligatorio y correcto (abrochado) de cascos estandarizados y homologados para conductores y pasajeros de motociclistas y todo vehículo similar, como scooters y bicicletas eléctricas”, expresa.
Nota Original: El Universo – LINK
