De acuerdo a la Fiscalía, Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal por un perjuicio al Estado por más de $28 millones debido a la incorrecta definición de la tarifa para el Consorcio DGC, empresa beneficiaria del contrato, por cada barril extraído del bloque Singue, que se ubica en la Amazonía.
Como testigos se convocaron ayer a 4 personas, entre ellos un ex trabajador de la secretaría de Hidrocarburos, una trabajadora del ministerio de Energía, un consultor petrolero y un perito de audio y video.
Hubo además los testimonios de tres involucrados: Carlos Pareja, ex ministro; María Lorena Espinoza, coordinadora jurídica del ministerio de Energía y Milton Jiménez, quien fue parte de la comisión de evaluación de los sobres.
Este último sostuvo que el proceso para el campo Singue fue transparente y beneficioso para el Estado.
Nota Original: El Universo – LINK
