Esta decisión se adoptó en los bajos del ente municipal, en la Av. 26 de Septiembre y Olmedo, en donde los concejales de Alianza País (AP): Andrés Aguayo, Patricia Macías, Betsy Loor, Leonte Zambrano y Rudely Limones, colocaron mesas y asientos blancos para efectuar una sesión extraordinaria.
Más de 20 uniformados de la Policía Nacional y 6 del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) custodiaban detrás de las rejas para evitar enfrentamientos entre los simpatizantes del burgomaestre y quienes estaban a favor de su destitución.
Después de dos horas, el bloque de concejales anunció que el Municipio de Balzar quedaba en manos del vicealcalde Emilio Gonzáles, vástago del primer personero municipal.
«Mañana se le comunicará al Alcalde para que cese en sus funciones e inmediatamente asuma el Vicealcalde. Este último está de vacaciones, pero el Concejo Cantonal ordenó la suspensión de la mismas», expresó el concejal Andrés Aguayo, quien lo denunció ante la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional de Participación Ciudadana.
Además, se dispuso informar al Director Financiero la recaudación de los $ 5.100 de multa impuesta a Gonzáles por gestión de procesos que la Contraloría General del Estado le envió hace un mes.
En el Municipio de Balzar, en cambio, el burgomaestre intentó instalar una sesión del Concejo Cantonal; si embargo, se suspendió por falta de quorum. Solo uno de las 7 ediles se hicieron presentes. Gonzáles enfatizó que la sesión extraordinaria, así como las resoluciones adoptadas en la misma, son ilegales «porque el único que puede convocar es el Alcalde», por lo que continuará en sus funciones. Además, señaló que convocará el jueves, a las 15:00, a otra sesión del Concejo Cantonal y, si no cuenta con la asistencia de los concejales, efectuará otra el viernes a la misma hora. De no presentarse, él emprenderá acciones legales y penales en contra de los 5.
«Ojalá que no vengan y procederé a pedir la destitución de los concejales por faltar a las sesiones, así lo establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad)», manifestó.
El burgomaestre aseguró que el accionar de los concejales responde a que él no aceptó otorgarles $40.000 ($10.000 cada uno) por unos contratos del Municipio de Balzar. Esta declaración fue desestimada por el concejal Andrés Aguayo, quien indicó que «la única ilegalidad son las irregularidades encontradas por parte de Contraloría cometidas por el Alcalde y precisamente por eso se determina su destitución».
Patricia Macías aclaró que las sesiones extraordinarias, según el Art. 319 del Cootad, pueden ser solicitadas por el Alcalde o la tercera parte del Concejo Cantonal.
«Nosotros somos 5 de 7, así que por eso nos reunimos y analizamos el documento de la resolución de Contraloría y decidimos acogerla», acotó. Entre las denuncias presentadas a la Contraloría General del Estado al Consejo de Participación Ciudadana constan: excesiva contratación de personal, falta de una póliza para asegurar los inmuebles del Cabildo, deudas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) por el pago de los aporte del personal, la construcción de obras antes de adjudicarlas a través del Servicio de Contratación de Obras (Secob) y supuesto nepotismo.
«Esto (examen especial de Contraloría) me tiene sin cuidado y no me quita ni una hora de sueño», expresó el burgomaestre y reiteró que apeló al Tribunal Contencioso Administrativo, que aún no resuelve.
