La diligencia de la Fiscalía se realizó ayer, en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht en Ecuador.
Además, el Concejo apoyó la propuesta de que se convoque a una reunión extraordinaria del Pleno para que se informe sobre la situación de la empresa brasileña en el marco de la construcción del Metro de Quito, a cargo del consorcio Acciona Odebrecht.
Minutos antes de que se instalara la sesión, los concejales del bloque de Alianza País (AP) anunciaron en rueda de prensa que solicitarían ese cambio en el orden del día, debido a que consideran preocupante que se realizara este allanamiento.
Aunque sus integrantes consideran que debe realizarse una investigación de todos los contratos de Odebrecht en el país desde la década de los ochenta, incluido lo referente a negociaciones para la construcción del Metro de Quito durante la alcaldía de Augusto Barrera, ahora secretario Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología, es necesario aclarar que el contrato de la fase dos se firmó en la actual administración.
Según la concejala Susana Castañeda, en la administración de Barrera se mentalizó el proyecto, se construyó la fase uno y se realizaron los estudios para convocar a la licitación para la fase dos. Pero agregó que el exalcalde amplió el plazo para que la entrega de las ofertas se realice luego, en señal de respeto a los resultados electorales que dieron el triunfo a Rodas.
Los concejales de AP mencionaron que han insistido sistemáticamente que se les proporcione información desde que se conoció que podían haber habido «conversaciones indirectas» antes de que se firmara el contrato.
Tanto en la rueda de prensa como en la reunión del Concejo, el edil Carlos Páez dijo que el allanamiento preocupaba porque, según su criterio, el allanamiento podría haberse realizado debido a que Metro de Quito podría no haber proporcionado información requerida antes.
El procurador del Municipio de Quito, Gianni Frixone, aclaró que no hubo un pedido previo de información desde la Fiscalía y que un allanamiento es un tipo de acto urgente que puede realizar un fiscal durante una investigación, sin que esto signifique que se trate de una acción de fuerza.
Durante la diligencia, la Fiscal solicitó el CPU y la computadora del gerente general de la empresa, Mauricio Anderson, y acceso al servidor para registrar copias espejo de dos cuentas de correo electrónico de funcionarios de la entidad. Además tomaron notas procesales del proceso y se realizó un registro de las oficinas. Durante dos horas, los concejales debatieron sobre el tema y postergaron el resto de puntos de orden del día, que incluía la regularización de algunos barrios.
Páez exigió que el flujo de información sobre el caso sea absolutamente transparente para que no ocurran acciones como el allanamiento que afectan al proceso de construcción del Metro de Quito.
El Metro de Quito es, según la concejala Anabel Hermosa, es el proyecto más importante del país por lo que todo debe ser transparente. Por ello, considera necesario que la Alcaldía garantice la continuidad del proyecto.
Aunque el alcalde Mauricio Rodas señaló que jamás se ha usado el término de «negociaciones informales» en el proceso de contratación y ejecución de la fase dos del Metro, para Hermosa esa posibilidad es lo que más preocupa «porque eso no le dio ningún buen resultado a Quito». Según el bloque de AP, en las negociaciones se aumentó USD 449 millones más que el precio inicial, excluyendo recaudo y estación eléctrica del sistema de transporte.
Pero el Alcalde y el Procurador señalaron que existe un informe de Contraloría que concluyó que el precio inicial estaba subvalorado, por lo cual fue necesario un ajuste con un costo real.
Ante la insistencia de los concejales y de los moradores de los barrios que constaban en el orden del día, se dio por terminado el debate sobre el allanamiento. Está previsto que Rodas convoque a la sesión extraordinaria para continuar con ese tema y con la información de la situación actual de Odebrecht en medio del proceso.
