Conflicto armado interno: un año sin mayores resultados
Para Luis Córdova, investigador en Orden, Conflicto y Violencia, el primer año de conflicto armado interno declarado por el presidente Daniel Noboa no tuvo los resultados esperados, ante la falta de uso de todas las herramientas del Estado para combatir al crimen organizado.
Explicó que, antes de abordar el problema desde una perspectiva de criminalidad, el Gobierno la asumió como un panorama de guerra, en el que los militares se desplegaron a las calles y cárceles para ejecutar labores de control. Incluso, consideró, no existen causales para determinar la existencia de un conflicto armado interno.
Pese a esto, el Ejecutivo alega una reducción del 17% en homicidios intencionales en comparación con el mismo periodo del año anterior, algo que, según dijo, no es indicador para asegurar que los niveles de violencia se han reducido.
La periodista de investigación, Karol Noroña, señaló que, si bien existe la sensación de que la violencia recrudeció en este año, en zonas como Esmeraldas, los indicadores ya advertían de una situación compleja, específicamente, en sitios marginados. Allí, detalló, el crimen organizado sofisticó sus estrategias para reclutar a menores de edad y así integrarlos dentro de estructuras delincuenciales.
Noroña enfatizó que esto responde al abandono del Estado en distintas zonas, y la falta de introducción de una narrativa acerca de la reconciliación social. Algo que, según dijo, a Colombia le tomó un par de años luego de la lucha frontal a la guerrilla.
El 9 de enero, la toma de TC Televisión
La tarde del 9 de enero del 2024, 13 sujetos fuertemente armados se tomaron las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil. Durante una hora de transmisión en televisión abierta, los delincuentes amedrentaron y amenazaron al personal que trabajaba en el medio de comunicación, hasta el momento en el que llegó la Policía y neutralizó a los atacantes.
En imágenes, se observaba al periodista y expresentador, José Luis Calderón, recibir intimidaciones por parte de los delincuentes quienes incluso, le colocaron un explosivo en la chaqueta. Algo que, según el comunicador, marcó su vida para siempre.
Luego del ataque, José Luis Calderón viajó a Estados Unidos en abril de este año, donde existe una solicitud de asilo en trámite. Allí, también pidió un permiso de trabajo y un número de Seguridad Social.
Recuerda cómo el ingreso de los encapuchados, quienes transmitieron mensajes de violencia al irrumpir en el canal de televisión, marcaron un “tocar fondo” para el país en términos de inseguridad.
“El fatídico 9 de enero marcó un antes y un después en la nación”, consideró.
Militares en las calles, ¿nuevos aliados del crimen organizado?
Desde enero de este año, el país se militarizó ante la declaración de 22 organizaciones criminales como terroristas que, a su vez, se convirtieron en objetivos militares. Karol Noroña consideró que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles los expone a ser “nuevos aliados” del crimen organizado, al tener un contacto directo con integrantes de dichas bandas en centros penitenciarios.
“Se había hablado de retomar el control, pero hemos visto que hay nuevos aliados para un negocio que se sigue sosteniendo con las élites corruptas y mafiosas”, dijo.
Para Luis Córdova, la participación de los militares ha traído “consecuencias desastrosas”. Indicó que uno de los principales indicadores es las desapariciones. Precisó que, en 2022, se registraron 306 de estos casos, en 2023 532 y en este año, se reportaron 783 incidencias.
A esto, según Noroña, se suman las ejecuciones extrajudiciales, donde estén involucrados funcionarios de la Fuerza Pública.
Depuración del sistema
De acuerdo con Luis Córdova, el país no cuenta con mecanismos de depuración institucional de la Policía, las Fuerzas Armadas y el sistema de administración de justicia.
“El crimen organizado no está fuera del Estado (…) la responsabilidad es de la sociedad civil”, dijo.
Karol Noroña coincidió en el planteamiento de una reforma policial y una veeduría a profundidad de las acciones de las Fuerzas Armadas. Consideró que también el Estado debería aumentar su presencia en zonas marginadas, donde existen pocas posibilidades de encontrar empleo y se dan mayores facilidades a organizaciones criminales para cooptar personas.
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