La etapa electoral termina el 24 de mayo con la posesión del presidente y vicepresidente de la República, y arrancará la fase poselectoral, para la revisión del cumplimiento del registro de ingresos y gastos de las cuentas de campaña.
El artículo 19 del Código de la Democracia establece que los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) no pueden ser reemplazados o destituidos por juicio político cuando se haya convocado al proceso electoral y hasta que este concluya con la proclamación de resultados.
Con ello, perderán la denominada “inmunidad” que los cobijaba por el periodo electoral.
En ese contexto, los legisladores electos por el movimiento Pachakutik (PK) y el partido Izquierda Democrática (ID) para el nuevo periodo de la Asamblea Nacional anunciaron que procederán con actos de fiscalización a los vocales y jueces electorales.
Darwin Pereira, asambleísta electo de PK, lo anunció días atrás al suscribir el acuerdo programático con la ID, que en uno de sus puntos señala “la fiscalización y el enjuiciamiento político a los miembros del Consejo y el Tribunal Electoral”. Aún no se ha anunciado por qué causas.
No obstante, en Pachakutik hay molestia con los consejeros y jueces porque no dieron paso al recuento de más de 20.000 actas que consideraban inconsistentes, con lo que aspiraban a que su excandidato presidencial, Yaku Pérez, pasara a la segunda vuelta.
Incluso presentaron una denuncia por el delito de presunto fraude electoral ante la Fiscalía, que está en investigación.
Para el analista y catedrático Esteban Ron, los problemas en el CNE y TCE que los podrían llevar a enjuiciamientos políticos no son por la ejecución de los comicios, sino por los “actos intermedios”.
Según el artículo 131 de la Constitución, el Legislativo puede iniciarlos por incumplimiento de funciones.
Ron explicó que, si la elección fue exitosa “operativamente hablando”, no se los podría enjuiciar, porque las autoridades están electas. Pero sí por los actos intermedios.
Entre ellos, el incumplimiento de sentencias emitidas por el TCE en el caso del movimiento Justicia Social, para que inscriba candidaturas como la del empresario Álvaro Noboa, que buscaba la Presidencia de la República.
O cuando acudieron a la Corte Constitucional para “escudar” sus decisiones o hacer que la justicia ordinaria impida la destitución de los consejeros, como lo sentenció el juez Ángel Torres.
Otros temas pendientes, como el cumplimiento de las disposiciones transitorias del Código de la Democracia sobre “cuáles son los resultados de este convenio para la creación de la unidad de fiscalización con la Contraloría”.
Ron cree que el Tribunal no cometió “tantos errores”, aunque “sus actuaciones jurisdiccionales no eran concretas o no daban claridad de cómo aplicar”, acotó.
Hasta el momento, no han podido instalar un pleno para sentenciar en última instancia sobre la destitución de los cinco consejeros, pues fueron recusados los jueces principales y suplentes.
Ruth Hidalgo, directora de la organización Corporación Participación Ciudadana (PC), opinó que el Consejo fue una entidad débil por las “riñas y problemas internos” que complicaron la primera vuelta, a lo que se sumó la decisión de realizar el conteo rápido.
“Para la segunda vuelta los errores fueron subsanados, hubo un CNE orgánico y el proceso fue tranquilo”, resaltó Hidalgo.
Aunque alertó que impulsar este procesamiento parlamentario será un tema que las organizaciones políticas deberán evaluar, porque podría incidir en su legitimidad.
“Deberá valorarse el costo político para el movimiento que lo promueva y lo que significaría iniciar un proceso de destitución a las autoridades”, añadió.
Criterio similar tiene Ron, quien consideró que si “se arma un juicio político en virtud del proceso electoral, deslegitima a las autoridades electas o genera espectros de fraude”.
El Código de la Democracia dispone también que los consejeros y jueces “mientras ejercen sus funciones no pueden ser privados de libertad o procesados penalmente”, excepto en delitos flagrantes, sexuales y de violencia de género, sin autorización de sus respectivos plenos, por pedido de la sala correspondiente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
En ese contexto, los jueces enviaron a la Fiscalía el expediente del caso Justicia Social acusando a los vocales del CNE de presunto “incumplimiento de orden legítima de autoridad competente”; y de igual forma, dicha agrupación política, que tenía como vocera a Sylka Sánchez, presentó denuncias en la Fiscalía por desacato a los consejeros.
Mientras que el vicepresidente del Consejo, Enrique Pita, y el exconsejero Luis Verdesoto presentaron una denuncia por prevaricato a los jueces del TCE, también por el caso Justicia Social.
La Contraloría del Estado también iniciará una auditoría al Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER), por una solicitud que planteó Pachakutik y su excandidato Pérez.
En noviembre próximo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debe realizar un sorteo público para renovar de forma parcial a dos de los consejeros electorales.
Nota Original: El Universo – LINK
