Hace dos meses, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC) transitorio inició la evaluación a 27 titulares de siete entidades del Estado, y solo de una ha concretado su valoración.

El Telégrafo

A partir del 4 de abril pasado, el Transitorio anunció la evaluación a los titulares de la Fiscalía General, de las superintendencias de Bancos y Compañías; a los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), a los nueve magistrados de la Corte Constitucional, a los cinco vocales del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), y a los cinco del Consejo de la Judicatura (CJ).

Únicamente de esta última hay un informe concluyente que determinó la cesación, y está en trámite un recurso de revisión a esa decisión.

Ahora se alista el informe de evaluación a los miembros del CNE, por el que habrá que esperar unas tres semanas para saber sus conclusiones, según informó el secretario del CPC, Darwin Seraquive.

En el Consejo no hay una cifra total de cuántas hojas entregaron los 27, como “informe de gestión ejecutivo”, a lo que se suma la documentación de 1.151 denuncias ciudadanas.

Los cientos de hojas son investigados por unos 25 funcionarios, que laboran en uno de los pisos del CPC, y en cuyas puertas de acceso se advierte que está prohibido el ingreso. Ellos elaboran el informe previo a una cesación o continuidad, que es puesto a consideración de los consejeros.

Solo sobre la Judicatura hay un dato preciso: se revisaron 258.887 fojas útiles. Gustavo Jalkh entregó 22 cajas de información; Ana Peralta, 25; Néstor Arbito, Alejandro Subía, Rosa Jiménez, 23 cajas cada uno.