El Consejo de Seguridad pidió además al secretario general, Ban Ki-moon, que cuando un país no tome las medidas apropiadas para responder a estos crímenes se sustituya a todas sus fuerzas de la misión de paz afectada.
El texto, impulsado por Estados Unidos, salió adelante con 14 votos a favor y una abstención, de Egipto, que en un movimiento poco habitual trató sin éxito de introducir una enmienda justo antes de la votación.
La propuesta egipcia hacía más difícil repatriar a todas las fuerzas de un determinado país en caso de no que este no reaccione ante las acusaciones, alegando que la idea puede suponer «castigos colectivos» contra cientos de «cascos azules» inocentes.
EE.UU. se opuso frontalmente a la enmienda, que según la embajadora Samantha Power habría minado el objetivo mismo de la resolución, que es acabar con la falta de respuestas a los casos de abusos sexuales.
La iniciativa de Egipto no logró el apoyo necesario, pero hizo evidente la brecha que hay en este asunto entre los países que aportan la mayoría de «cascos azules» -habitualmente naciones en vías de desarrollo- y los que envían poco o ningún personal, pero financian el grueso de las operaciones.
La resolución llega después del escándalo desatado por las numerosas acusaciones de abusos y explotación sexual contra fuerzas de paz de Naciones Unidas, especialmente en la República Centroafricana.
Sólo en 2015, la ONU recibió 69 acusaciones de abusos sexuales por parte de «cascos azules», supuestamente cometidos por personal de 21 países distintos y, en muchos casos, contra menores.
La mayor parte de los casos se concentraron en dos operaciones, las desplegadas en la República Democrática del Congo (Monusco) y en la República Centroafricana (Minusca), donde las repetidas acusaciones llevaron a la ONU a forzar la dimisión del jefe de la misión y a repatriar a centenares de soldados congoleses.
La resolución aprobada hoy por el Consejo de Seguridad respalda esa política de repatriar a unidades «cuando haya pruebas creíbles de la existencia de actos de explotación y abusos sexuales generalizados o sistémicos».
Al mismo tiempo, pide que se retiren todas las tropas que un país aporte a una misión de la ONU si ese Estado recibe denuncias contra su personal y no toma «las medidas correspondientes para investigar» y/o hace rendir cuentas a los responsables o no informe a la organización de las acciones emprendidas.
La resolución insta a todos los países a adoptar «medidas concretas encaminadas a prevenir y combatir la impunidad» con los que cometan abusos.
Habitualmente, tal y como señalan las normas de Naciones Unidas, son los propios Estados miembros los que se encargan de investigar y juzgar a sus tropas, una situación que según muchas organizaciones de derechos humanos hace que los responsables se libren de penas o reciban castigos muy limitados.
La resolución pide también medidas similares a los Estados que desplieguen tropas en el extranjero con autorización del Consejo de Seguridad, pero al margen de Naciones Unidas.
Entre los casos más sonados de abusos sexuales a menores de los últimos años figuran supuestas violaciones por parte de fuerzas francesas desplegadas en la República Centroafricana, que no operaban bajo bandera de la ONU.
