La crisis política en Venezuela se encaminó a un nuevo capítulo esta semana. Esto, a raíz de la decisión del poder electoral de suspender el proceso para un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro impulsado por Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la coalición que reúne a decenas de partidos de oposición.
Ante esta decisión, los líderes de la oposición, indignados, prometieron enfocar su batalla para retirar del poder al presidente Maduro en protestas pacíficas en las calles, que iniciaron este miércoles en las principales ciudades del país.
De su lado, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó iniciar un procedimiento con miras a un «juicio político y penal» contra el Mandatario, acusado de propiciar la ruptura democrática con la suspensión del referendo revocatorio.
La Asamblea Nacional -a la que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha declarado en «desacato»- citó además a Maduro el próximo martes «para que se someta al escrutinio del pueblo». El juicio político no está estipulado en la Constitución venezolana, aunque sí la figura de abandono del cargo, que según juristas se tipifica cuando el jefe de Estado deja de cumplir las funciones para las que fue elegido.
Mientras tanto, Maduro convocó a las máximas autoridades de defensa y de los poderes públicos para evaluar lo que llama «un golpe parlamentario» de la oposición. «En uso de mis atribuciones he convocado al Consejo de Defensa de la Nación, a todos los poderes públicos para evaluar el golpe parlamentario de la Asamblea Nacional», aseguró Maduro, en un acto con sus partidarios.
Estos enfrentamientos se desatan mientras la alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) demandó que el diálogo con el gobierno anunciado esta semana por el representante del papa Francisco, Emil Paul Tscherrig, debe ser público y celebrarse en Caracas y no en Margarita, como había indicado el enviado papal.
Tscherrig anunció el inicio de las conversaciones entre el Gobierno y la MUD el próximo 30 de octubre en Isla Margarita, con base en los acuerdos logrados con ambas partes en las reuniones exploratorias.
Todo esto, mientras la organización Human Rights Watch (HRW) urge a que haya una «fuerte presión internacional», en particular de la región, para que el Gobierno del presidente Nicolás Maduro tome «medidas inmediatas» para abordar la «profunda crisis humanitaria» en Venezuela en un extenso informe divulgado este lunes.
