Celi dice que recabaron nuevos documentos como parte del informe DASE-0044-2017 con indicios de responsabilidad penal; este fue elaborado por la Contraloría en agosto del 2017.
En ese informe, la entidad de control aseguró haber hallado posibles irregularidades en la adjudicación del campo petrolero Singue al Consorcio DGC, en abril del 2012. E incluyó a Jorge Glas (en ese entonces ministro coordinador de los Sectores Estratégicos) y otras 28 personas como posibles responsables de la licitación.
Ahora, a esta lista se suma el expresidente Correa. En el oficio dirigido al Fiscal General, el contralor Celi menciona que el exmandatario tuvo conocimiento del proceso de negociación.
Y añade que el exjefe de Estado recibió un escrito del gerente de Dygoil, la compañía que forma parte del consorcio DGC, el 26 de enero del 2011. En el documento, el empresario le habla del contrato para la explotación y exploración del campo petrolero Singue. Y le menciona que hubo “varias reuniones” con la comisión negociadora (Glas y otros funcionarios) en las que se acordó una inversión de USD 26,7 millones para la perforación de tres pozos petroleros.Además, le indica que la comisión propuso fijar en USD 29,3 el precio por barril producido.
“Estas tarifas fueron aceptadas por el consorcio y consideramos que no son exorbitantes”, le dice el Gerente a Correa. Sin embargo, en el informe de la Contraloría se advierte que el 26 de septiembre del 2011 (ocho meses después del oficio enviado a Correa) se llega a un acuerdo final y se fija otra tarifa: USD 33,5 por barril. “Esto es USD 4,2 más sobre la no exorbitante tarifa referida por Dygoil.
¿Por qué la razón de este incremento en el lapso de pocos meses?”, se pregunta Celi en el oficio enviado al despacho del fiscal Baca. Como parte de los nuevos documentos recopilados por la Contraloría consta un oficio suscrito por la Directora de Gestión Documental de la Presidencia de la República, el 2 de febrero pasado.
En el escrito, la funcionaria le certifica que en los archivos de la Presidencia reposa el oficio enviado por el Gerente de Dygoil, en enero del 2011. “Le corresponde a la Fiscalía General investigar exhaustivamente los hechos y los documentos puestos en su conocimiento”, le pide Celi a Baca. Además, el Contralor subrogante solicita que se incluya en la indagación no solo a Correa sino a otros funcionarios que pudieran estar involucrados. En agosto pasado, tras conocer el informe DASE-0044-2017, la Fiscalía activó una indagación previa (reservada).
Ese mes, incluso, se recibió la versión libre, voluntaria y sin juramento de Glas, como parte de las primeras diligencias en torno al caso. Desde entonces no han trascendido nuevas actuaciones judiciales. Para la Contraloría, la entrega del bloque Singue a DGC causó un perjuicio para el Estado de USD 5,2 millones.
Fuente: El Comercio
