Las posibles irregularidades se generaron cuando el entonces gerente general de la empresa estatal petrolera Petroecuador, el 30 de octubre de 2010, Marco Calvopiña, aprobara una resolución por la que se redujeron de 25 niveles salariales a siete escalas.
Este cambio provocó dos momentos en los que, según Contraloría, se habrían producido los presuntos perjuicios al Estado, basados en resoluciones del Directorio de Petroecuador. Para la Contraloría, uno de los principales problemas fue que los miembros del Directorio de Petroecuador, conformado por el Ministro de Recursos Naturales No Renovables, y los delegados de la Secretaría Nacional de Planificación (Senplades) y de la Presidencia de República “no tomaron acciones legales del caso, lo que permitió la aplicación de la tabla remuneración desde noviembre de 2010 hasta junio de 2012”.
