Esos fueron los argumentos principales que expuso Cordero durante 30 minutos en la audiencia pública ante el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Transición. Allí, ante la atenta mirada del titular del Consejo, Julio César Trujillo, manifestó que no fue culpable de la creación de la Superintendencia y cuestionó la forma de evaluación.
Reconoció que la terna para formar parte de la entidad en el anterior régimen, incluso fue consensuada con Lenín Moreno, cuando todavía no ejercía como Presidente de la República. “Hubo una ligereza en la evaluación” ratificó, al indicar que entre las conclusiones de su examen destaca que la Superintendencia trabaja con un sistema sancionatorio no confiable. Según Cordero, eso implica que los evaluadores desconocen los principios de la administración pública.
Asimismo, en la evaluación no se concluye que existió un mal manejo de los recursos institucionales. “No tengo ninguna denuncia de impugnación ciudadana. Para todos los tramposos y violadores de normas legales en el ordenamiento territorial, nosotros somos incómodos como Superintendencia”, apuntó.
El consejero Luis Hernández aclaró que durante este periodo, el pleno analizará las pruebas de descargo de Cordero y tomarán una decisión democrática, bajo la normativa establecida. Cabe señalar que el pleno tiene 5 días para resolver con base a la evaluación y las pruebas de descargo.
En el caso de que sea cesado de sus funciones, Cordero tendrá 3 días para recurrir al recurso de revisión. Y posteriormente, el Cpccs-T en máximo 5 días para resolver ese recurso. En la sesión de esta tarde, el Consejo Transitorio resolvió que el jueves 23 de agosto, a las 10:00, se desarrolle la audiencia pública dentro del proceso de evaluación de autoridades del Tribunal Contencioso Electoral.
Además, este viernes (17 de agosto), los nueve jueces de la Corte Constitucional también comparecerán ante los consejeros del Cpccs-T.
Fuente: El Telégrafo
