Así reza en el Decreto Ejecutivo 1369 publicado este jueves por la Presidencia.
El documento es una reforma al Decreto Ejecutivo 418, de julio de 2010.
Correa cambió un literal del tercer artículo, que se refiere a las atribuciones del Servicio.
Según la nueva disposición, la protección estatal se extendería por un año a los expresidentes y por seis meses a los exvicepresidentes, plazos que “se podrán acortar o extender sobre la base del informe de riesgos que obligatoriamente se elaborará para el efecto”.
