El Presidente de la República, Rafael Correa, durante el Enlace Ciudadano 506, informó la posición del país sobre el caso Odebrecht. Destacó que no hay Gobierno que haya tratado con mayor dureza a esta compañía.

Agencia Andes

Manifestó que tras detectarse deficiencias técnicas en la central hidroeléctrica San Francisco, construida en el año 2000, y terminada en 2007, expulsó del país a esta, se ordenó el arraigo de sus más altos funcionarios en Ecuador, y se rescindió sus contratos en Toachi Pilatón, Multipropósito Baba y Carrizal Chone.

Aclaró que Odebretcht regreso al Ecuador luego de que aceptara todas las condiciones exigidas por el Gobierno, por lo que debió reparar integralmente la central San Francisco por un monto estimado en 55 millones de dólares y pagar 20 millones más por los costos ocasionados por su paralización.

Añadió que a excepción de un caso de emergencia, en todas las obras en que participó Odebrecht en el país, fueron ganados en concursos abiertos. Dijo que la Contraloría ya hizo los exámenes a las etapas precontractuales sin encontrarse novedades.

Puntualizó que los contratos que esta compañía ha ejecutado después del 2010 son: el trasvase Daule–Vinces, por un monto de 299,36 millones de dólares; la central hidroeléctrica de Manduriacu, por 199,9 millones de dólares; la preparación de terreno para la Refinería del Pacífico con un costo de 303 millones de dólares; y el acueducto La Esperanza por 296,01 millones de dólares.

“La conducta del Gobierno ha sido extremadamente clara. Si ha habido comportamientos personales inapropiadas somos los primeros en querer identificar a los responsables”, aseveró el Primer Mandatario.

El Jefe de Estado expresó que no se aceptará sin pruebas ni beneficio de inventario, las versiones de los directivos de una empresa que se ha declarado culpable de actos de corrupción y que para atenuarlos, negocia su responsabilidad ante la justicia estadounidense con millonarias multas de por medio.

Dijo que el tratamiento a este tema tiene aspectos “sospechosos” ya que la empresa trabajo en el país desde los años ochenta, pero el informe solo analiza el periodo 2007-2016 correspondiente al de su Gobierno.

“Cuidado que no es la primera vez que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace estas investigaciones, pero no son en función de la justicia, sino de los intereses geopolíticos de Washington. Hay que estar atentos, aquí nadie va a ocultar nada somos los primeros en querer sancionar la corrupción”, concluyó el Primer Mandatario.