“No puede dejar de soslayarse que el homicidio del doctor Nisman se produjo cuatro días después de haber efectivizado la denuncia señalada y horas antes de ir a exponerla ante el Congreso de la Nación, circunstancia que obliga lógicamente a ahondar la investigación en el probable entendimiento de que la muerte del fiscal se haya producido como consecuencia directa de la especifica acción que adoptó en el marco de su función”, consideró en su fallo el juez Leopoldo Bruglia, uno de los dos miembros de la Cámara Criminal y Correccional Federal.
Nisman, a cargo de investigar el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), fue hallado muerto el 18 de enero de 2015 en su baño, cuatro días después de denunciar a Fernández (2007-2015) de encubrir a los iraníes acusados del ataque que dejó 85 muertos. El fiscal tenía previsto informar sobre la denuncia ante una comisión del Congreso al día siguiente de su hallazgo sin vida.
Durante casi tres años la justicia investigó el caso como una muerte dudosa hasta que un peritaje de la Gendarmería -la policía de fronteras- determinó a fines de 2017 que Nisman había sido asesinado por dos personas que lo golpearon y drogaron para situarlo posteriormente frente a la bañera y luego descerrajarle un tiro en la sien derecha.
El juez federal Julián Ercolini, a cargo de la pesquisa, procesó luego a Diego Lagomarsino, un técnico informático que trabajó ocho años para Nisman, como presunto partícipe necesario del asesinato del fiscal agravado por el uso de arma de fuego.
Lagomarsino fue quien le dio a Nisman una pistola calibre 22 de su propiedad con la que se efectuó el disparo que lo mató. Según Lagomarsino, el fiscal le había pedido prestada el arma para proteger a sus hijas.
Ercolini también había procesado a cuatro ex custodios de Nisman por incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por considerar que no lo protegieron debidamente.
