La demanda inicialmente fue presentada por tres integrantes del actual Cpccs. Para ellos, la consulta popular del Gobierno ecuatoriano vulneraba sus derechos. Sobre todo por la pregunta 3 del proceso electoral, en la que se planteó el cese de funciones de los consejeros y la elección de un Consejo Transitorio, con base a ternas dispuestas por el presidente Lenín Moreno.
La mayoría de ecuatorianos votó a favor de ese cambio en los comicios del domingo 4 de febrero. El escrutinio de las actas de la consulta terminó y ahora comienza el proceso de impugnaciones, previo a la publicación de los resultados en el Registro Oficial.
La decisión de la Corte IDH, de este 8 de febrero del 2018, debe ser notificada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y al Estado ecuatoriano. El Gobierno había delineado una estrategia de defensa, con todos los representantes de las funciones, para evitar las medidas preventivas.
Fuente: El Comercio
