El comunicado de la Corte llegó luego que la la Judicatura emitiera las resoluciones 109 y 110a-2018. En el primero la Judicatura resuelve declarar como prioridad la atención, investigación, sustanciación y resolución de las infracciones de violencia contra las mujeres y femicidios que ingresen a la función judicial.
En la segunda se dispone a las juezas, jueces, fiscales, defensoras y defensores públicos, que en cumplimiento de la decisión popular de 4 de febrero de 2018, publicada en el suplemento del Registro Ofcial No. 181, de 15 de febrero de 2018, y con base en el principio de interés superior del niño, prioridad absoluta y el de deber de denunciar, inicien y/o continúen las acciones investigativas relativas a delitos sexuales cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes, en cualquier tiempo. Y se señala que estos delitos no prescriben.
En el comunicado de dos páginas, la Corte Nacional indica que solo la Corte Constitucional tiene la facultad de expedir resoluciones en caso de que las leyes no estén claras. Ante esto, Merlo dijo que lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura es «poner en conocimiento de los jueces lo que el pueblo ecuatoriano resolvió en la consulta popular del pasado 4 de febrero».
Zobeida Aragundi, vocal del Consejo de la Judicatura, manifestó que lo que ha hecho el Consejo es «orientar» al sistema judicial para que atienda las denuncias de abuso sexual a niños.
«Cómo no tenemos en este momento Corte Constitucional a quien hacerle la consulta de interpretación, el sistema no puede cerrarse«, dijo. La Corte Constitucional entró en vacancia desde el pasado 31 de agosto del 2018.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
