Según el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, el comandante de la Policía, general Fausto Salinas, presentó formalmente la petición y entregó cierta documentación importante para el análisis. Lo que restaría, aseguró el representante de la Función Judicial, es colocar la resolución en consideración de la Sala Penal de la Corte Nacional y por último ante el pleno de la CNJ.
La próxima semana podría estar resuelta la temática analizada al interior del más alto órgano de justicia ordinaria del país.
La norma analizada está en el artículo 69, numeral tres, inciso segundo, del COIP, que habla de las penas restrictivas de los derechos de propiedad. La parte específica que generaría el pedido señala que “el juzgador podrá declarar de beneficio social o interés público los instrumentos o efectos de la infracción y autorizar su uso”.
El tratamiento del tema relacionado con las armas y municiones incautadas se da justo en momentos en que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el 27 de abril pasado, declaró al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y a su seguridad integral.
En un comunicado público, desde el Cosepe se explicó que “la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución”.
Dentro de las recomendaciones hechas por el Cosepe al presidente de la República, Guillermo Lasso, está el expedir un decreto ejecutivo en el que se establezcan las medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales “para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano”.
Para concretar las medidas definidas, el presidente Lasso deberá expedir un decreto ejecutivo en el que se determinen las acciones coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales. Las Fuerzas Armadas están a la espera de ese decreto para arrancar con la aplicación de su estrategia militar.
“Es hora de decir basta a estos criminales y sus aliados. En estas operaciones las Fuerzas Armadas tendrán el apoyo de la Policía Nacional. Vamos a combatir al terrorismo con toda a fuerza de la Ley”, explicó el ministro de Defensa, Luis Lara.
En la mira de las autoridades estarían al menos ocho organizaciones criminales a las cuales se las podría tratar como terroristas y tendrían nexos con agrupaciones narcodelictivas ubicadas en Colombia y México. El ministro Lara explicó que esperarán la publicación de dicho decreto ejecutivo para actuar y ejecutar la estrategia de operaciones en las que se aplicará el uso legítimo de la fuerza, aunque no se descartó que si “es necesario, se utilizarán armas letales”.
Cifras oficiales señalan que al momento en el país habrían sido incautadas 35.700 armas de fuego y 332.000 municiones. Si el planteamiento avanza, tanto las armas como las municiones producto de incautaciones en operativos antidelincuenciales deberían ingresar en un proceso de evaluación del que se desprenda cuántas y cuáles están en las condiciones de ser usadas por la Policía Nacional.
Las provincias en las que existe mayor número de armas y municiones incautadas en operativos contra la delincuencia y el crimen organizado son Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Guayas.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
