Mayo de acusaciones del técnico Octavio Zambrano que dijo jugar en desventaja. Junio del escándalo denominado ‘niños con bigote’. Julio de sanciones a tres jugadores. Agosto de cedulación del acervo de juveniles e impugnación de la Asociación Uruguaya que reclamaba un cupo al Mundial mal habido. Septiembre de resoluciones a favor de la Ecuafútbol. Octubre de intentos por levantar la honorabilidad. Noviembre de competencia en Chile. Diciembre de FIFAGate, que al final tuvo un efecto distractor. A partir de entonces la línea de acciones investigativas y punitivas en torno a los falsos juveniles del fútbol ecuatoriano entró en etapa de procrastinación por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Más aún cuando en el Congreso Ordinario de enero se abolió definitivamente la regla del juvenil.
El aplazamiento podría llegar a su fin y en planes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) está impulsar nuevamente el esclarecimiento del caso, que hasta ahora ha estado a cargo de la Ecuafútbol y el Registro Civil. La veeduría del CPCCS, interesada en transparentar el tema, ha venido recopilando información desde el año pasado para sustentar su investigación que apunta hacia “la existencia de una supuesta red de tráfico de personas”; según indicó el consejero de la entidad, Xavier Burbano. En 2015, el organismo ya recibió los datos que pidió a la FEF sobre la procedencia de tres jugadores. No obstante, el pasado enero, el Consejo nuevamente solicitó documentos de otros 4 jugadores que integraron la cuestionada selección juvenil, pero la institución deportiva no los entregó.
De los 4 futbolistas a los que el Consejo pretende investigar, dos acompañaron al equipo tricolor en el Sudamericano premundialista y los restantes actuaron en el Mundial de Chile con la certificación del Registro Civil de que se trataba de menores de edad, como el resto de sus 21 compañeros. En la petición de la CPCCS también se solicitó un expediente que se le siguió a un director técnico vinculado al fútbol amateur que habría influenciado a uno de los tres únicos sancionados que hasta ahora dejó el proceso. El consejero Burbano confirmó que “el CPCCS ha instaurado una acción constitucional contra el presidente de la Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villacís, por la respuesta negativa ante su pedido”.
En la demanda se pide la aplicación de la Constitución para obligar al representante de la Federación a remitir los datos solicitados so pena de sanción económica o destitución del cargo. La acción es procedente en la medida de que la FEF recibe fondos estatales, por lo que está sujeta a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. EL TELÉGRAFO intentó contactarse con Villacís para que se pronunciara ante el tema. Pero el dirigente permanece en Paraguay cumpliendo con sus funciones en la Comisión de Auditoría de la Conmebol y no respondió las llamadas. Burbano aspira a que el caso no quede impune. Pero la principal lucha del CPCCS es contra la procrastinación de la FEF, pues el año pasado circuló una lista de 46 jugadores sospechosos de los que surgieron más casos sancionables y todo se redujo a la separación temporal de Joao M., Joao T. y Andy C. de la actividad futbolística. La situación de este último tuvo un desenlace insólito.
A pesar de que la FEF lo castigó por bajar su edad de 21 a 17 años un juez de Garantías Constitucionales determinó en febrero pasado que el jugador era menor de edad cuando jugó para la ‘Tri’. La resolución sembró más dudas debido a que si Andy nació en febrero de 1998, su hermano Abel (jugador de River Plate) es mayor que él por apenas seis meses.
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