El informe jurídico señala que entre la designación y posesión transcurrieron 237 días, mientras la Ley Orgánica de Servicio Público señala que el tiempo para posesionarse es de 15 días, por lo que se recomienda la destitución del funcionario. El nombramiento de Rivera se produjo el 25 de abril del 2017, pero la posesión en el cargo se efectuó recién en diciembre de ese año.
El pleno de CPCCS resolvió hoy notificar a Rivera el informe y convocarlo el próximo jueves 29 de marzo, a fin de que exponga sus descargos. En la segunda sesión ordinaria, los consejeros también analizaron otros temas.
Se conoció el primer insumo enviado por las Naciones Unidas para el proceso de evaluación de autoridades y se aprobó 5 parámetros generales: legitimidad del cargo; cumplimiento de funciones; debida gestión de recursos públicos; transparencia; y evaluación ciudadana.
También recibió la denuncia del asambleísta Carlos Falquez sobre el concurso convocado por el Consejo de la Judicatura para selección de fiscales y vacantes en todo el país.
Además, el pleno del CPCCS transitorio resolvió exhortar a la Asamblea para que inicie lo más pronto el juicio político al fiscal general, Carlos Baca, y que se revisen las denuncias contra Thania Moreno.
Sobre la Ley de Comunicación, los consejeros resolvieron conminar a la Asamblea para que derogue o reforme en el menor tiempo posible esta normativa, en base a las peticiones ciudadanas.
Sobre la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), resolvieron requerir a la Contraloría un examen especial e integral a los procesos de adquisición, contratación y gestión.
Fuente: El Telégrafo
