Como un intento de golpe de estado, con esos términos se refirió la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, al proceso de juicio político que se lleva en su contra.
El pasado 25 de abril el Senado brasileño dio el primer paso hacia un posible juicio político contra la Mandataria. Con la conformación de una comisión de 21 miembros, en su mayoría opositores al régimen, se analizará la documentación remitida por el Pleno de los diputados para después pasar a votación por todos los senadores.
A Rousseff se le acusa de delitos de responsabilidad fiscal relacionados con el manejo irregular del presupuesto nacional en 2014, ante estas acusaciones la Presidenta afirmó tener su conciencia tranquila.
Con una mayoría simple de 41 legisladores se daría inicio al juicio y separaría a Rousseff del poder durante 180 días, los mismos que tendría el Senado para resolver el proceso y durante los cuales gobernaría el vicepresidente Michel Temer. En caso de ser destituida, Temer tomaría posesión hasta el 1 de enero de 2019. La mandataria asegura que su vicepresidente es uno de los encargados de la conspiración en su contra. Por su parte, Temer negó trabajar por la caída de Rousseff, pese a un audio que se filtró y viralizó el pasado 11 de abril.
Un estudio realizado por el Instituto Ibope, reveló que el 62% de los brasileños quiere nuevas elecciones presidenciales para superar la crisis política en el país, solo el 8 % considera que la mejor alternativa es la destitución, mientras que el 25% de los encuestados desean que Rousseff siga en su cargo.
