Bajo estas premisas, el alcalde de la ‘Cidade Maravilhosa’, Eduardo Paes, negoció con consorcios y empresas privadas para que asumieran el 57 % de los más de 2.000 millones de dólares necesarios para la construcción y aclimatación de las instalaciones olímpicas.
Esta medida, que se antojó aún más necesaria tras la deriva de la economía brasileña en los últimos años, también acabó provocando problemas inesperados.
El escándalo de corrupción que desde hace meses sacude a la estatal Petrobras salpicó a algunas de las mayores constructoras del país, muchas de ellas involucradas en el proyecto olímpico, que vieron cortadas sus líneas de crédito o sufrieron momentos de incertidumbre tras la detención de algunos de sus principales directivos.
Esta situación provocó atrasos en algunas obras e, incluso, el aplazamiento de los eventos test previstos para poner a prueba el correcto funcionamiento de las instalaciones.
El escándalo alimentó además las suspicacias de una población especialmente sensibilizada con los desvíos de fondos públicos.
Sin embargo, pese a las reservas, las autoridades fueron cumpliendo con la mayoría de los plazos de entrega, en buena prte porque el grueso de las instalaciones deportivas estaban ya construidas debido a la celebración de los Juegos Panamericanos, en 2007.
Las instalaciones deportivas para los Juegos de Río 2016, que comenzarán el próximo 5 de agosto, se concentran en cuatro polos: el barrio de Barra de Tijuca, el Complejo Deportivo de Deodoro, la zona sur de la ciudad y las proximidades del estadio Maracaná, en el centro.
El epicentro será Barra de Tijuca, en la costa oeste de la ciudad, donde se encuentran tanto el Parque Olímpico como la Villa de los Atletas.
Como si fuese el competidor de una carrera de obstáculos, Río de Janeiro han tenido que enfrentar numerosas vallas en su camino hacia los Juegos Olímpicos de 2016, a los que se sumó la actual crisis política en Brasil, que tiene en duda quién será el presidente que abrirá y clausurará el evento.
A la inicial y generalizada incredulidad de que esta ciudad brasileña consiguiese concluir a tiempo las obras para los Olímpicos se fueron sumando otros trabas, como las epidemia de dengue y de zika, la quiebra de empresas contratadas para construir los estadios y hasta la recesión en Brasil.
Y Río de Janeiro, que el próximo miércoles conmemorará la cuenta regresiva de 100 días para el inicio de sus Juegos, superó la mayoría de esos obstáculos pero en otros tropezó, principalmente el de la contaminación de la bahía de Guanabara, sede de las competiciones de vela, que ha tenido que admitir que no limpiará totalmente.
La última de las vallas, la crisis política, no depende del Comité Olímpico Internacional (COI) ni del Comité Organizador de Río 2016, pero ambos se han apresurado a decir que no impedirá la realización de los Juegos.
Con la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, amenazada con un juicio político que puede obligarla a salir del poder a mediados de mayo, y con la posibilidad de que los tres primeros en la línea de sucesión (vicepresidente, presidente de la Cámara Baja y presidente del Senado) puedan sufrir procesos similares, nadie se atreve a decir quién será el jefe de Estado en Brasil en agosto próximo.
Pero el COI descarta que la crisis política sea una amenaza. «La situación política es compleja pero no está causando impacto porque las instalaciones se han entregado a tiempo», afirmó la directora de la Comisión de Coordinación del COI para los Juegos de Río, Nawal El Moutawakel, en su visita al país a mediados de abril.
La primera valla en la carrera fue la falta de confianza en que las instalaciones para los Olímpicos estuviesen concluidas a tiempo con todas las exigencias del COI.
«Brasil es permanentemente desafiado en su capacidad de hacer las cosas y de entregar las cosas. No fue poco lo que nos dijeron que el Parque Olímpico no iba a quedar listo y no fue poco lo que escuchamos que las obras no serían concluidas con el precio establecido en la licitación», dijo el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, al entregar en abrir la piscina olímpica, una de las últimas instalaciones pendientes.
Según el último balance del Comité Organizador, el 98 % de las obras e instalaciones para los Olímpicos estaba concluido en abril, cuando sólo faltaba por entregar el velódromo y unas reformas en el Estadio Olímpico Joao Havelange.
Una de las dificultades que Río tuvo que superar para entregar las obras fue el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, que salpicó a gran parte de las constructoras contratadas para las instalaciones olímpicas y les generó dificultades financieras en medio de las obras.
La alcaldía tuvo que sustituir algunas de las empresas contratadas y el gobierno regional de Río de Janeiro buscó nuevos créditos para anticipar el pago a la responsable de las obras de ampliación del metro, que estaban atrasadas y generaban el temor de que no estuvieran concluidas a tiempo.
Además de la contaminación de la bahía de Guanabara, otros obstáculos sanitarios en el camino de Río son el dengue, que provocó en 2015 la mayor epidemia ya enfrentada por Brasil de esta enfermedad, y el zika, cuyo brote este año ha generado pánico por ser un virus capaz de provocar microcefalia, por lo que la OMS recomendó a las mujeres embarazadas evitar viajes a Brasil.
En una reciente visita al país, la directora general de la OMS, Margaret Chan, dijo que esos virus no constituyen amenaza para los Olímpicos por ser transmitidos por un mosquito cuya incidencia es muy reducida en agosto y por los trabajos del Gobierno para eliminarlo.
La recesión en que se hundió la economía brasileña desde 2015 -y que permanece en 2016- también surgió como un obstáculo debido a que por un lado secó las fuentes financieras del Comité Organizador y por el otro redujo la demanda de los brasileños por entradas.
La crisis obligó a los organizadores a anunciar en diciembre una fuerte reducción de gastos para compensar la caída en los ingresos.
«Economizaremos en todo lo que podamos economizar», admitió entonces el director del COI para Río 2016, Cristopher Dubi, al anunciar renegociación de contratos, menos comodidad y lujo en las instalaciones, reducción de los gastos previstos para la ceremonia de inauguración y hasta recortes en los costes operativos.
En cuanto a las entradas, en su último balance el Comité Organizador dijo haber vendido el 62 % (3,5 millones de las 5,7 millones puestas a la venta), pero admitió que aún no había puesto a la venta 1,7 millones de entradas debido a exigencias legales y a que no se habían concluido las obras en algunas instalaciones deportivas y se desconocía el número exacto de asientos.
